La Contraloría General de la República del Perú ha emitido un informe en el que detalla que el Despacho Presidencial no registró detalladamente los servicios ofrecidos por los proveedores durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de mayo del presente año. Este registro debió haberse efectuado antes del 30 de junio, como se había hecho de manera habitual en los últimos trece años.
Esta situación implicaría una posible falta de transparencia en la gestión pública, tanto en el gobierno anterior del encarcelado Pedro Castillo como en la actual gestión de su sucesora, Dina Boluarte.
El pasado 7 de julio, la entidad fiscalizadora envió un documento a la subsecretaría general del Palacio de Gobierno, la cual está dirigida por Antonio Ramos Bernaola desde el 24 de junio. El objetivo de este documento era solicitar información sobre los servicios proporcionados por los consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), a través del sistema de registro para el control de contratos de consultoría en el Estado (SIRICC).
Sin embargo, el Ejecutivo tardó cinco días en responder a la Contraloría. En la respuesta, se mencionó que la Oficina de Tecnologías de la Información de Palacio informó que no había información sobre contratos de consultoría para ser publicados en el SIRICC. Además, se explicó que no se habían realizado contrataciones de consultorías durante el año fiscal 2023, de acuerdo con la búsqueda realizada en el módulo del SIGA. Esto fue lo que se respondió a la Contraloría.
En el informe de la Contraloría, al que Infobae Perú ha tuvo acceso, indica que el Despacho Presidencial habría suscrito contratos con 18 consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) que han percibido salarios de entre ocho y quince mil soles durante los primeros cinco meses de 2023.
En la lista de nómina se incluyen nombres como Juan Sánchez Galloso, Carmen Giordano Velásquez, Giovanna Díaz Revilla, Sandra Manrique Becerra, Liliana Marchena Reátegui y Franco Dávila Gálvez, además de otros como Joel Bolivia Revolledo, Teresa Velásquez Bracamonte, Rafael Porta De la Cruz, Víctor Ayasta Muro, Walter Iberos Guevara, María Pineda Ramírez, Carla Estela Nalvarte, Bryan Narvaez Carrasco, César Borda Gonzáles, Valeria Morales Becerra, Roxana Mayorga García y Francisco Gavidia Arrascue.
Además, se ha reportado una nueva irregularidad en la gestión de Boluarte Zegarra, al haber contratado a la consultora FAG, lo cual ya había sido señalado por la Contraloría en un informe previo. La contratación de 16 personas por parte de la gestión, provenientes mayoritariamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sin procedimientos adecuados para verificar su documentación, fue resaltada como una forma de selección de proveedores riesgosa para los recursos del Estado.
También se ha revelado un aumento en los gastos en alimentación durante la gestión de Boluarte Zegarra, incluyendo una partida de 595 mil 752 soles por órdenes de bienes y servicios oficiales.
En diciembre, la gestión abonó 27 mil soles a la empresa Inversiones Jeanbe EIRL por venta de alimentos y bebidas al por mayor, mientras que en enero, febrero y el mes pasado se pagaron 22 mil, 21 mil y 26 mil soles respectivamente.
 que han percibido salarios de entre ocho y quince mil soles. ){kind=link}