La Contraloría General de la República reveló una pérdida económica para el Estado peruano de S/ 374 056 743 generada por pagos sin sustento legal realizados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Durante ese tiempo, la ATU cubrió la totalidad de los costos operativos de los concesionarios de los corredores complementarios, generando así un perjuicio financiero.
Pérdidas millonarias
Según el informe de Auditoría N° 29026-2023-CG/APP-AC de la Contraloría, exfuncionarios de Protransporte y la ATU reconocieron pagos irregulares a favor de los concesionarios de los corredores Amarillo, Rojo, Azul y Morado, cubriendo la totalidad de los costos operativos no cubiertos por los ingresos recaudados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Estos desembolsos, realizados entre marzo de 2020 y marzo de 2022, causaron un perjuicio económico al Estado de S/ 172 146 971. Además, el informe señaló que Protransporte efectuó un pago a favor de sí mismo por S/ 1 207 671, careciendo este de sustento legal y contractual. Asimismo, la ATU generó un perjuicio de S/ 137 406 179.82.
Por otra parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tuvo que enfrentar sanciones económicas por incumplimiento de contrato del Corredor Rojo, resultando en un perjuicio económico adicional de S/ 201 909 772.
Finalmente, se tiene en la mira a siete ex funcionarios y ex servidores de PROTRANSPORTE, ATU y la MML quienes son identificados con presunta responsabilidad civil o administrativa.
