El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impone multas a las empresas que afecten el medio ambiente. Un informe de la Contraloría General advirtió que sus funcionarios y supervisores ignoraron estas denuncias entre el 2016 y 2019. Por esta razón, el Estado perdió casi nueve millones de soles.
Según Contraloría, el accionar de los implicados regulaba la posibilidad de aplicar multas. Hay presunta responsabilidad civil y/o administrativa para 11 personas, de las cuales cinco continúan en el OEFA.
Hallazgos
En 2016, las acciones de ejecución iniciadas contra una empresa minera fueron excesivamente suspendidas. Eso devino en su prescripción de cinco millones. La situación surge debido al accionar intencionado y voluntario del ejecutor y auxiliar colectivo de suspender por la fuerza dicho proceso y la falta de supervisión por parte de la jefa de la Oficina de Administración.
Además, en el 2018 también tuvieron que tomar más medidas de cumplimiento por parte de una empresa, pero no pudieron ubicar los bienes muebles e inmuebles de la mencionada empresa para disponer el embargo. No cobraron S/849 900.59. Otros funcionarios no abordaron rápidamente las nueve resoluciones directorales emitidas en 2013 y 2014 con respecto a las multas de ejecución.
Lo hicieron en el 2017 cuando habían pasado de 3 a 4 años desde que se dictaron las sentencias, lo que ocasionó el vencimiento de los plazos de prescripción asociados a la no cobranza, causando un perjuicio económico por S/ 228 867.53
También han pasado más de dos años para que los funcionarios inicien y reanuden los procedimientos de ejecución contra varios deudores, lo que ha ocasionado la prescripción de la exigibilidad de las multas (en 2019, 2020 y 2021) por lo que no pueden cobrar S/ 3 869 602.30.
En consecuencia, el titular de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos retrasó la presentación de las resoluciones dirigidas a imponer multas, además, el proceso de ejecución se detuvo por más de 25 días hábiles sin causa justificada e incumplimiento por parte del ejecutor y auxiliar coactivo.
Durante el proceso de ejecución seguido por el transportista y servicios múltiples, el interventor recaudador no prosiguió con las diligencias de embargo (diciembre de 2018 a agosto de 2019) para recuperar la deuda S/ 284 200, con la supuesta falta de movilidad para efectuar las diligencias en la fecha prevista.
Por último, la revisión de información enviada por la Oficina de Administración, surge que el interventor no solicitó el traslado. La situación descrita es causada por la inacción del interventor y la falta de supervisión por parte del ejecutor y auxiliar coactivo. En este caso sólo se determinó la responsabilidad administrativa.
