Las entidades encargadas de ejecutar obras públicas tienen la obligación de reportar de manera continua el avance de sus proyectos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Este proceso es esencial para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y facilitar la supervisión por parte de los órganos de control.
Recientemente, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), adscrito a la Contraloría General de la República, notificó al alcalde Rafael López Aliaga que no se encontró información actualizada sobre cuatro obras gestionadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Lima (GRML), instancia desconcentrada de la MML.
Según el informe de la Contraloría, estas obras representan un monto total aproximado de 46 millones de soles. La observación principal indica que no se ha registrado debidamente toda la documentación ni los actos contractuales vinculados a su ejecución, lo que afecta la visibilidad de estos procesos y limita las posibilidades de control y fiscalización ciudadana.
Según lo establecido en las normas de control concurrente, el titular de la entidad debe ser alertado ante cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la continuidad o legalidad del proceso, con el fin de implementar acciones correctivas.
Las obras observadas son las siguientes:
- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las avenidas Los Ficus, Machu Picchu y San Juan Bautista en los distritos de Pachacámac y Cieneguilla, con un presupuesto de S/12,2 millones.
- Rehabilitación del jirón Sebastián Barranca, entre las avenidas Paseo de la República y Bausate Meza, en el distrito de La Victoria, por un valor de S/10,8 millones.
- Intervención en el jirón Francisco Javier Luna Pizarro, desde la avenida Grau hasta la avenida México, también en La Victoria, con un costo de S/12,1 millones.
- Habilitación de la avenida Cristo Blanco en San Francisco de La Cruz, Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, por un monto de S/10,9 millones.
En cuanto a las empresas responsables, el primer proyecto fue adjudicado al Consorcio Metacontrol, conformado por Metacontrol SAC, Ágreda Gallarday & Jara SAC y Contratistas Generales A.G. & J. SAC. La segunda obra estuvo a cargo de Nelan Contratistas Generales SRL. El tercer proyecto fue desarrollado por el Consorcio Luna Pizarro, integrado por Servicios de Ingeniería Codelsa SAC y W & W Constructores SAC, mientras que el cuarto fue ejecutado por Aro Constructora y Mineros EIRL.
Contraloría cuestiona falta de transparencia
Es importante señalar que el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima solo se basa en una muestra de cuatro proyectos, pese a que cada año se ejecutan decenas de obras en la ciudad.
El informe advierte que el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, órgano adscrito a la comuna limeña, no está registrando de forma completa las actividades contractuales en el módulo de ejecución del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Esta omisión impide la adecuada visibilidad de las acciones del Estado y obstaculiza el trabajo de fiscalización y control correspondiente.
Registrar los avances y documentación en Seace no debe entenderse como una simple formalidad administrativa. Se trata de un mecanismo clave para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública sobre el uso de recursos estatales.
La Contraloría recordó al alcalde Rafael López Aliaga que el Seace es un sistema obligatorio para todas las entidades estatales, diseñado para centralizar y compartir la información relacionada con los procesos de contratación, incluyendo los expedientes de obras públicas.
Adicionalmente, el informe cuestiona que no se haya reportado de manera íntegra la contratación de asesoría legal internacional, como los servicios del estudio Boies Schiller Flexner. En algunos casos, los documentos cargados han sido incompletos o con datos omitidos.
Cabe resaltar que durante la actual gestión, la Municipalidad de Lima ha suscrito nueve contratos con dicha firma legal de Nueva York, por un monto que asciende a 97 millones de soles, sin que hasta ahora se publique de forma clara y accesible toda la documentación correspondiente.
