La Contraloría General de la República anunció que en octubre iniciarán la fiscalización respectiva, para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como la gestión de reclamos por parte de los usuarios. Los entes reguladores del estado, como Osiptel, Osinergmin, Indecopi, entre otros, están bajo la lupa, debido a las últimas acciones que han ido ejecutando.
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Por otro lado, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha adquirido facultades de comisión investigadora, que lo permite indagar por el comportamiento de los organismos reguladores. Las telecomunicaciones ha sido el tema más sobresaliente y, en este tiempo de pandemia se ha puesto más al descubierto.
Mientras tanto, Osinergmin es otro de los entes reguladores que no ha sido oportuno en los últimos meses. Esto sobre los reclamos por el cobro excesivo de los recibos de energía eléctrica, por parte de las empresas prestadoras del servicio. Aun no se sabe, cuáles son las razones por la lentitud en la respuesta hacia el reclamo de los usuarios; además, a muchos no se les dio ninguna.
El exgerente general de Osiptel, Alejandro Jiménez, indicó que esta acción por parte de la Contraloría sería una intromisión, debido a que en cada regulador existe una oficina de la Contraloría. “Osiptel es la segunda instancia de reclamo de los usuarios. Si el operador no lo resuelve, el usuario plantea su queja y hay plazos para resolver el problema”, agregó.
Además, dijo que si el Congreso o la Contraloría quieren intervenir a la parte sustantiva de lo que es el trabajo del regulador, deberán contar con expertos en ese campo. Es un tema complejo, habrá que ver si cuentan con los recursos necesarios para ejecutar un plan tan ambicioso, mencionó.
El CEO de DN Consultores, Carlos Huamán, sostuvo que los operadores en las telecomunicaciones tienen una autonomía, la cual es un pilar de la institucionalidad en este sector y en otros servicios públicos.
“Cuando el poder político desgasta las energías de Osiptel para atender consultas de información sin un propósito claro, por supuesto que afecta a los usuarios, operadores y al desarrollo de telecomunicación en el país”, refirió Huamán.
J.M.P
