Este martes, el Congreso de la República de Perú continúa su camino hacia el desmantelamiento de instituciones clave, centrándose en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la Defensoría del Pueblo. Estos controvertidos movimientos legislativos son objeto de preocupación en medio de la persistente desaprobación popular hacia los parlamentarios, quienes tienen solo un 6% de aprobación según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de octubre, mientras el 90% de la población los repudia.
En particular, la Comisión de Educación, presidida por José Balcázar, se reúne en una sesión descentralizada en la Universidad Nacional Micaela Bastidas en Abancay, Apurímac. En su agenda, se encuentra el predictamen de un proyecto de ley bajo el título de “ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria”. Sin embargo, detrás de este título se esconde una propuesta que debilitaría la calidad de la enseñanza al otorgar licencias universitarias permanentes, eliminando la necesidad de evaluaciones para renovarlas.
El proyecto de ley, conocido como el proyecto 5805 y presentado por José Balcázar, plantea cambios significativos en la Ley Universitaria vigente (Ley 30220), que establece que las licencias universitarias son “temporales y renovables” con evaluaciones requeridas para su renovación. Si se aprueba este proyecto, se eliminaría esta revisión periódica, lo que podría afectar la calidad de la educación superior en Perú.
Por otro lado, la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano de Fuerza Popular, ha programado la sustentación acelerada de un proyecto de ley presentado por el defensor Josué Gutiérrez. Aunque el proyecto se presenta como un “fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo”, contiene disposiciones que debilitarían la institución defensorial. Esto ha generado controversia, ya que Josué Gutiérrez, en alianza con el fujimorismo y Perú Libre, propone la eliminación de concursos públicos para altos cargos adjuntos y el secretario técnico de la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia en 2024. Además, busca tener un sustento normativo para prolongar su mandato después de su término hasta que el Congreso elija a su sucesor. Estos cambios podrían afectar la integridad y la independencia de la Defensoría del Pueblo.
