Congreso: Ley que permite el nombramiento de 14 mil docentes cesados se aprobó a pesar de opiniones negativas de 4 entidades

Con 111 votos a favor, el Parlamento Nacional aprobó el Proyecto de Ley.

bajada: Ley que permite el nombramiento de 14 mil docentes cesados se aprobó a pesar de opiniones negativas de 4 entidades.

Como se recuerda, el gobierno pidió la renuncia de la exministra de Educación, Magnet Márquez, luego de que la titular del sector asegurara que el Ejecutivo observaría la modificatoria de ley que permitiría reingresar a la Carrera Pública Magisterial a más de 14 mil docentes que no han sido evaluados aprobado por el Congreso el jueves pasado.

Con 111 votos a favor, el Parlamento Nacional aprobó el Proyecto de Ley (PL) N 00761/2021-CR que propone la reposición de los profesores que fueron excluidos de la carrera pública por no tener títulos pedagógicos y no haber pasado la prueba de evaluación en 2014.

Y es que esos maestros trabajaban en su mayoría en zonas rurales y fronterizas, lugar donde el rendimiento académico, según evaluaciones del Minedu, es uno de los más bajos.

Por otro lado, el Ministerio de Educación emitió un informe en el que comentó que la ley “no resulta viable”, porque la Ley de Reforma Magisterial establece que para incorporarse a la carrera pública magisterial es necesario obtener el título profesional pedagógico y aprobar una evaluación.

“El ingreso es por concurso público, por lo cual corresponde que los docentes interinos también sean evaluados”, se lee en el documento.

Además, el Minedu indicó que como ente rector del sector deben establecer los parámetros y criterios para el ingreso a la carrea pública magisterial. “La propuesta no se alinea a las políticas ni planes del sector Educación, ya que la reincorporación de los profesores cesados no se fundamenta en el mérito profesional de los que serían beneficiados de la medida”, sostuvo.

En tanto, el Ministerio de Economía advirtió que la implementación de la iniciativa legislativa de 14,863 docentes en promedio, tendría un costo estimado para un año fiscal ascendente a S/453,152,656.32. Es decir, irrogaría gastos adicionales al Tesoro Público: “La propuesta normativa contravendría las reglas para la estabilidad presupuestaria”.