El pleno del Congreso de la República aprobó este viernes la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra. La decisión, sustentada en una acusación constitucional, está vinculada a la crisis del oxígeno y a la adquisición de 1.4 millones de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19.
La votación, realizada por mayoría, se efectuó en dos etapas: primero se aprobó la acusación constitucional que requería al menos 50 votos, y posteriormente la inhabilitación, que exigía un mínimo de 66 votos. El informe final, presentado en agosto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya había sido avalado por la Comisión Permanente, lo que allanó el camino para el debate en el pleno.
El congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el informe, afirmó que Zamora incurrió en omisión de funciones como titular del Ministerio de Salud. Según el documento, permitió actos administrativos indebidos en la compra de pruebas rápidas y no supervisó adecuadamente la implementación del Decreto de Urgencia 028-2020. Además, se señaló que avaló actos irregulares al publicar una resolución ministerial que legitimaba el uso de pruebas rápidas, cuestionadas por su efectividad en la detección del COVID-19.
El informe también incluye la presunta infracción al artículo 9 de la Constitución Política y el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Esta última imputación llevó al Congreso a levantar el fuero de Zamora, permitiendo que el Ministerio Público continúe las investigaciones en su contra.
Durante su intervención en el pleno, Zamora rechazó las acusaciones y defendió su gestión en uno de los periodos más críticos de la pandemia. “Enfrento un juicio político que no se fundamenta en pruebas. Este proceso busca desviar la atención de los problemas reales del país”, afirmó.
El exministro también cuestionó la independencia del proceso, asegurando que se trata de una medida para silenciar a quienes resultan incómodos para ciertos sectores políticos.
La denuncia constitucional contra Zamora fue presentada inicialmente por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien acusó al exministro de haber actuado con “indolencia” durante la crisis sanitaria. Según Muñante, las supuestas irregularidades contribuyeron al desabastecimiento de oxígeno medicinal y agravaron la mortalidad por COVID-19.
La inhabilitación de Zamora marca un precedente en los procesos de responsabilidad política y penal contra altos funcionarios por su gestión durante la pandemia. Sin embargo, su defensa ha generado debate sobre el uso del juicio político como herramienta para resolver conflictos en el ámbito público.
El caso ahora pasa a manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen fundamentos para iniciar un proceso penal contra el exministro, en un contexto donde la pandemia sigue siendo un tema sensible en la memoria colectiva de los peruanos.
