El pleno del Congreso admitió inhabilitar de la función pública durante cinco años a Zoraida Ávalos, tras suspender en enero de 2022 las investigaciones contra Pedro Castillo.
Ávalos desistirá de su cargo de fiscal suprema de manera inmediata. Su remplazo en la Junta de fiscales Supremos se encontraría entre los fiscales Gianina Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Téran Dianderas. Además, la decisión se aceptó con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.
El Congreso también aceptó acusar constitucionalmente a Ávalos por posible delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La acusación contra ella fue impuesta por el congresista Ernesto Bustamante.
Finalmente, Ávalos aseguró que la acusación no posee fundamento constitucional ni jurídico y puntualizó que todos los fiscales de la Nación que la antecedieron archivaron las denuncias contra presidentes de la República en funciones, pero, el parlamento no aceptó los argumentos expuestos.
