La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, relacionada con su gestión en el RENIEC y como titular de ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
La denuncia, formulada por la ciudadanía Mónica Yaya y asumida por el congresista Juan Burgos (PP) señalaba infracciones a los artículos 2, 40 y 126 de la Constitución y presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Sin embargo, el informe de la Subcomisión recomendó su improcedencia respaldada por 10 de votos a favor, uno en contra y una abstención.
El informe argumentó que la denuncia no cumplía con los criterios para considerar los hechos como delitos de función o infracciones constitucionales ya que no se vulneran los principios de igualdad y no discriminación.
La denuncia acusaba a Boluarte de no haber renunciado a su cargo en RENIEC al asumir como vicepresidenta y ministra del MIDIS. No obstante, el informe aclaró que el 27 de julio de 2021, un día antes de asumir su nuevo cargo, Boluarte solicitó licencia laboral sin goce de haber en RENIEC.
Además, se alegaba que Boluarte omitió en su declaración jurada mencionar a sus parientes, permitiendo que su cuñado René Zegarra contratara con el Estado, lo cual se consideró como presunto delito de negociación incompatible. También se le acusaba de tráfico de influencias por supuestamente intervenir en la contratación de una empresa de sus sobrinos por el gobierno regional de Cusco. La Subcomisión concluyó que no había indicios de interés e influencia de Boluarte en estas contrataciones.
Nueva Denuncia
En la misma sesión, la congresista Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó sobre una nueva denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte. Esta nueva denuncia imputa a Boluarte el presunto delito de cohecho pasivo impropio, relacionado con el caso de los relojes Rolex y las joyas de alto valor, en el que también está implicado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
