El Congreso de la República aprobó por unanimidad declarar en situación de emergencia a la Policía Nacional del Perú por un periodo de 180 días.
Con el respaldo de 89 parlamentarios y sin necesidad de una segunda votación, la norma autoriza al Ministerio del Interior, en coordinación con gobiernos regionales y locales, a realizar contrataciones inmediatas de bienes y servicios necesarios para enfrentar la inseguridad. Dichas adquisiciones estarán sujetas a control concurrente por parte de la Contraloría General de la República, a fin de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos.
El legislador Eduardo Salhuana, autor de la iniciativa, destacó que esta medida permitirá al Ejecutivo acceder de forma más ágil a equipamiento, servicios y logística destinados a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. A través de sus redes sociales, subrayó la urgencia de dotar a las fuerzas del orden con herramientas que les permitan cumplir eficazmente su labor de protección a la ciudadanía.
La aprobación de esta norma se da en un contexto de creciente violencia, con una preocupante ola de sicariato y extorsiones que afecta especialmente al sector transporte. Solo en lo que va del año, más de diez conductores han perdido la vida en actos delictivos. El jueves 10 de abril, Lima y Callao vivieron una paralización masiva del transporte urbano, con cerca de 20 mil unidades fuera de circulación. La protesta incluyó movilizaciones hacia el Congreso, testimonios de víctimas y un colapso del tránsito en varios puntos críticos de la capital.
