La Comisión de Constitución del Congreso inició el debate de dos propuestas que podrían modificar normas tradicionales del proceso electoral peruano de cara a los comicios generales del 12 de abril de 2026.
La primera iniciativa plantea eliminar la obligatoriedad de la llamada “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del día previo a las elecciones hasta la misma hora del día siguiente, lo que implica una restricción de alrededor de 48 horas. El proyecto, impulsado por el congresista Edward Málaga, propone que esta disposición deje de ser automática y quede bajo decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese escenario, la entidad podría aplicarla solo mediante una resolución fundamentada, publicada con al menos 15 días de anticipación y limitada a determinadas zonas.
El parlamentario Málaga sostuvo que la medida no logra reducir el consumo de alcohol, pero sí impacta de manera negativa en diversos sectores económicos. “La ley seca tiene un impacto económico muy fuerte y muy significativo sobre principalmente mypes (…) todo el gremio turístico se ve perjudicado por esta medida que no resuelve el problema de que, si el ciudadano va a votar juiciosamente porque consume alcohol o no”, señaló en declaraciones a Canal N.
El segundo tema en discusión es la flexibilización de la veda que prohíbe la publicación de encuestas durante la última semana previa a las elecciones. La propuesta plantea autorizar su difusión hasta 24 horas antes del sufragio, siempre que los sondeos cumplan con los estándares técnicos exigidos por el JNE. Según el legislador Málaga, la prohibición actual no detiene la circulación de información, sino que la traslada a redes sociales y servicios de mensajería, espacios donde la fiscalización es mínima y aumenta el riesgo de desinformación.
Ambas reformas buscan, según sus impulsores, adecuar el marco electoral a las mejores prácticas democráticas, garantizar el derecho ciudadano a estar informado y disminuir el impacto económico de restricciones consideradas poco efectivas. Las iniciativas, que ya habían sido presentadas en legislaturas anteriores sin éxito, ahora cuentan con un respaldo más amplio y con argumentos renovados. De ser aprobadas en la Comisión de Constitución, deberán pasar al pleno del Congreso para su discusión y eventual votación en los próximos meses.
