La investigación que involucra a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, por una presunta red de prostitución en el Parlamento, ha tomado un giro inesperado. El informe final de la comisión ad hoc que evaluaba su situación ha blindado al exfuncionario, al sostener que el proceso disciplinario en su contra no puede continuar debido a la falta de pruebas claras y específicas sobre las conductas imputadas.
Según el informe al que accedió La República, uno de los argumentos clave para frenar el proceso es que no existe una descripción concreta de las supuestas faltas. Además, se señala que la investigación carece de sustento administrativo, ya que solo se apoya en un reportaje periodístico como base para iniciar las acciones. La comisión, integrada por Patricia Durand, Flor de María Carrillo y Natalia Escudero, subrayó que no se había realizado una indagación preliminar adecuada antes de comenzar el proceso disciplinario.
El documento fue remitido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien recibió las renuncias de las tres integrantes de la comisión. Las renuncias se deben a que, según explicaron, no podían avanzar con la investigación sin una correcta calificación de la falta, que debió haber sido realizada por la Oficina de Recursos Humanos.
Además, la Oficina Jurídica del Congreso indicó que el exfuncionario ya no trabaja en el Parlamento, lo que implica que se pierde la facultad disciplinaria sobre él. Este aspecto fue clave en la decisión de la comisión de archivar el caso, ya que, según el informe, la facultad de sanción cesa cuando la persona investigada ya no es parte del Congreso.
La controversia no se limitó al proceso disciplinario, sino que también estuvo vinculada a la creación de la comisión. Funcionario como Giovanni Forno, Haidy Figueroa y Carlos Pais fueron los encargados de su designación, lo que generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso, dado que no se ha aclarado quién recomendó a Torres Saravia para su puesto como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.
Patricia Durand, quien presidió la comisión, defendió su trabajo, pero finalmente presentó su renuncia debido a la falta de una calificación adecuada de la falta. En su momento, Durand había afirmado que el proceso debía seguir su curso para evitar que Torres Saravia regresara al Congreso, pero tras la renuncia, se mostró insatisfecha con la falta de elementos necesarios para continuar.
La Comisión de Fiscalización, que también está investigando la presunta red de prostitución en el Congreso, convocó a Durand para que explique las razones de su dimisión. La investigación sobre este escandaloso caso sigue en pie, mientras que la situación de Torres Saravia permanece en el limbo tras el archivo del proceso disciplinario.
