La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones la ley que restituye la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993. La norma deroga la Ley 27600, vigente desde 2001, que había eliminado su rúbrica tras declararlo incapacitado moralmente. Según el texto aprobado, el objetivo es «salvaguardar la memoria histórica del Perú».
La decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. La congresista Ruth Luque expresó su rechazo, acusando al fujimorismo de intentar borrar los hechos históricos vinculados a la dictadura de Fujimori. «Pretenden reescribir la historia para ocultar que Fujimori fue vacado, condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, y que renunció por fax», declaró a la prensa.
Una firma marcada por la controversia
Alberto Fujimori gobernó el Perú entre 1990 y 2000. Su mandato estuvo plagado de escándalos, incluyendo el golpe de Estado del 4 de abril de 1992, cuando disolvió el Congreso de manera inconstitucional. La Constitución de 1993, elaborada durante su gobierno, es vista por algunos sectores como un símbolo de su régimen autoritario.
En 2001, la Ley 27600, promulgada por el expresidente Alejandro Toledo, eliminó la firma de Fujimori del texto constitucional. Esto se fundamentó en la Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, que declaró su incapacidad moral tras los casos de corrupción y su renuncia a través de un fax desde Japón.
Crímenes y condena
El expresidente falleció el pasado 11 de septiembre, pero su legado sigue generando polémica. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, entre ellos las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte operado desde el Estado. Estas acciones dejaron un saldo de 25 víctimas, incluidos menores de edad.
El Estado peruano reconoció su responsabilidad en estos hechos, calificados como graves violaciones a los derechos humanos. En 2009, la Corte Suprema sentenció a Fujimori como autor mediato de estos crímenes.
La restitución de la firma ha reabierto heridas en la sociedad peruana. Mientras sus defensores aseguran que es un paso hacia la reconciliación y la preservación de la memoria histórica, sus detractores lo ven como un intento de legitimar un régimen autoritario.
El debate sobre la memoria histórica y los símbolos del poder continúa dividiendo al país, mientras los peruanos reflexionan sobre las lecciones del pasado y el futuro democrático de la nación.
