La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Wilson Soto Palacios, aprobó con 11 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones el dictamen relacionado con el proyecto de ley 6024.
Este proyecto tiene como objetivo establecer la entrega automática de una constancia de cancelación de créditos y certificado de liberación de garantía, modificando el artículo 43 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
La propuesta exige a los bancos proporcionar la constancia de no adeudo, ya sea en formato físico o virtual, en un plazo máximo de 72 horas, con sanciones por incumplimiento según las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), según destaca la iniciativa de Soto.
En la misma sesión, la congresista Katy Ugarte, sustentó el proyecto de ley 5801, que busca fortalecer el derecho de reparación y reposición de productos a favor del consumidor. Además, su colega Diana Gonzáles presentó la iniciativa 6342, orientada a simplificar el acceso a los procedimientos de baja o suspensión de servicios públicos como luz, agua y gas.
Durante la sesión, el gerente general del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Ever Miró García, expuso que “Las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley, amplía la prohibición de las comunicaciones spam”.
Al concluir la sesión, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, anunció la realización de una audiencia pública mañana a las 10 de la mañana, abordando la problemática de los servicios de agua potable y saneamiento en los distritos de Lurigancho- Chosica.
