La Comisión de Mujer y Familia del Congreso, encabezada por la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), aprobó un dictamen que restringe el acceso a la educación sexual integral, una herramienta fundamental para prevenir enfermedades de transmisión sexual, reducir embarazos no planificados y abusos y violencia sexual.
La legisladora, conocida por su postura antiaborto, es la autora de esta norma, la cual permite a los padres o tutores seleccionar instituciones educativas que se alineen con sus convicciones y creencias, “en virtud del derecho de libertad de conciencia y el derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos”.
Este proyecto permite que los estudiantes sean eximidos de los cursos de ESI en todos sus niveles y modalidades ” sin que esto afecte sus calificaciones”. La congresista Rosangella Barbarán (FP) advirtió que delegar la educación sexual a la discreción de los padres podría ser arriesgado, ya que algunos no son referentes confiables debido a su ” cuestionable conducta “.
Heidy Juárez (PP) manifestó su preocupación por la limitada información sobre sexualidad que se ofrece en las escuelas públicas. Un día antes, Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú, indicó a Andina que la tasa de embarazo adolescente ha aumentado alarmantemente a nivel nacional, especialmente entre las menores de 14 años, la mayoría de las cuales se convierten en madres como resultado de agresiones sexuales.
De acuerdo con el INEI, los nacimientos de madres de entre 10 y 14 años aumentaron un 12.7% en 2022 en comparación con 2021, un 39.2% respecto a 2020, y un 24.5% en comparación con el año pre pandemia 2019. Este fenómeno está creciendo en toda América Latina, según el experto.
Estudios recientes revelan que solo uno de cada cuatro embarazos adolescentes es planificado, lo que enfatiza la importancia de abordar esta problemática, particularmente en las escuelas. Hugo González señaló ejemplos exitosos en la región, destacando que Argentina logró reducir los embarazos adolescentes en un 50% en cinco años mediante una combinación de estrategias, incluida la educación sexual integral.
En un comunicado, la organización feminista Flora Tristán manifestó su oposición al dictamen promovido por Jáuregui de Aguayo, enfatizando que “limitar el acceso a la ESI, con base en creencias personales o religiosas, es privar a los jóvenes de información vital para su salud y bienestar”.
“Rechazamos los argumentos discriminatorios que perpetúan la desinformación. Instamos a las autoridades a proteger y promover una educación que respete y fomente los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de la población estudiantil. No debemos permitir más retrocesos”, se aprecia en su pronunciamiento.
