El martes 16 de agosto, el pleno del Congreso tomó la decisión de autorizar a la presidenta de la mesa directiva, Lady Camones (APP), el envío de una demanda competencial al Tribunal Constitucional (TC). El propósito de esta demanda es evitar el control constitucional por parte del Poder Judicial, a lo que 96 parlamentarios de diferentes bancadas estuvieron a favor.
Esta medida fue adoptada en el marco de las dos medidas cautelares concedidas por un juez constitucional al Sindicato de la Defensoría del Pueblo, quienes cuestionaron reiteradas veces el incumplimiento de los principios de transparencia y meritocracia de parte del parlamento, en medio del proceso de elección del defensor. Al respecto, fueron pocos los congresistas que se pronunciaron en contra de tal acción.
Ruth Luque, del partido Cambio Democrático, alertó que esta decisión surgió en el Consejo Directivo del Congreso, bajo argumentos que “tienen una orientación de desconocer las resoluciones judiciales”. Asimismo, comentó que la medida genera un mensaje donde alude que el Congreso de la República “tiene un poder absoluto y no va a acatar una resolución judicial”.
Al respecto, la parlamentaria, Silvana Robles (Perú Libre), añadió que ninguna autoridad puede abocarse a causas que están pendientes en el Poder Judicial. Dado que hasta la fecha solo se han emitido medidas cautelares, por que aún está pendiente el pronunciamiento de fondo sobre la demanda de amparo que formuló el sindicato contra la elección del defensor.
Sin embargo, su colega de bancada, Alex Flores, consideró que no existe una razón para tramitar una demanda competencial, así como recordó que el principio de la división de poderes implica que un poder puede observar la gestión de otro poder del estado. Este principio se aplica en el caso con el Poder Judicial y el Congreso.
Jhassira Sulca.
