El pasado 28 de junio, los congresistas María del Carmen Alva Prieto, Wilson Soto, Alex Paredes y Carlos Bustamante viajaron a Uruguay para un evento de cambio climático, sin integrar la comisión especializada; es decir, se habrían ido de ‘turismo’ utilizando los fondos del Congreso.
De acuerdo a la información, a la que accedió, los pasajes fueron comprados con el dinero del Estado por un monto de 26.323 soles en la aerolínea Latam. En ese entonces, la expresidenta del Congreso Alva Prieto y los parlamentarios formaron parte del seminario regional sobre cambio climático para los parlamentos de América Latina y el Caribe.
Precisamente, los congresistas Miguel Ciccia y María Tapia, miembros de la Comisión de Cambio Climático, que les correspondía viajar pidieron información sobre evento en Uruguay; pero María del Carmen Alva no habría sido transparente con sus colegas y priorizó a sus allegados como Wilson Soto, Bustamante y Alex Paredes.
A su regreso de Uruguay, el congresista Bustamante votó en contra de la Resolución Legislativa n° 239, conocida como Acuerdo de Escazú, que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe. Esto sucedió el 11 de julio.
En la Comisión de Relaciones Exteriores, el parlamentario señaló que en el Perú ya existen las herramientas jurídicas en temas ambientales, como la regulación al derecho de información, que los temas están contenidos en la Constitución Política, la Ley de Transparencia, la ley de participación de control ciudadano, la ley de consulta previa, hábeas data y otras. Así también, la existencia de un Ministerio del Ambiente y un tribunal de transparencia y derecho a la información pública.
