La denuncia constitucional que presentaron estos tres congresistas indica que cuatro miembros de la Junta de Fiscales Supremos cometieron infracciones en la constitución, abuso de autoridad y falsedad genérica.
Los congresistas expresan, un proceso de antejuicio político para acusar a los fiscales por los delitos mencionados. Además, pretenden someterlos a un juicio político por presuntas infracciones para inhabilitarlos 10 años de la función pública, lo que provocaría ser separados de sus cargos.
Optaron por la represalia.
La represalia viene una semana después de que el Ministerio Público lanzara un comunicado que anunciaba la emisión de un reglamento para uniformizar la actuación fiscal en la investigación de delitos en coordinación con la PNP.
Este pronunciamiento de la Fiscalía recalca que la Constitución le ha conferido la exclusividad de la conducción de la investigación del delito y sostiene que mantendrá esa posición hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, referidos a la labor de la PNP y la modificación del Nuevo Código Procesal Penal.
Así mismo, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32130 «en estricta defensa de la institucionalidad y del Estado democrático de derecho».
Otra demanda de inconstitucionalidad contra esta ley.
El Colegio de Abogados de La Libertad presentó este 14 de octubre una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130 que vulnera el artículo 159 de la Constitución y señala que le corresponde al Ministerio Público la conducción de las investigaciones de presuntos delitos.
