Ricardo Sánchez Serra*
Más de 140 congresistas norteamericanos (exactamente 142) demandaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que presione al Gobierno del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, para que respete los derechos humanos de los turcos y, en particular, cese la represión a los miembros del Movimiento Hizmet (Gülen), la corriente cultural y religiosa más pacífica del Islam.
Inexplicablemente Erdoğan considera como su enemigo número uno a una agrupación pacifista dedicada a la educación, propulsora de valores y de profundización espiritual, el Movimiento Hizmet -presente en más de 170 países-, dirigido por el erudito y predicador musulmán, Fethullah Gülen, a quien conocimos el año pasado en Pensilvania, donde reside desde 1999 y pudimos experimentar la gran fuerza espiritual que radiaba. Un hombre bueno, espiritual, un guía hacia el bien.
Cabe destacar que Gülen es uno de los pensadores y predicadores musulmanes más importantes del mundo, conocido por su compromiso de décadas con la tolerancia interreligiosa y el altruismo. Ha sido reconocido reiteradamente como una de las figuras religiosas e intelectuales públicos más influyentes. Ha escrito más de 400 libros, muchos de ellos se encuentran traducidos en más de 33 idiomas.
Fuera de sí, el Gobierno turco (léase Erdogan) prometió 15 millones de dólares al exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, teniente general Michael Flynn, para que secuestre a Gülen y lo lleve a la isla prisión turca de Imrali. El plan fue descubierto por el exdirector de la CIA, James Woolsey.
Asimismo, y violando la soberanía de los países, agentes del servicio de inteligencia turco ingresan a cualquier nación buscando a pacíficos ciudadanos turcos –inclusive los arraigados muchos años atrás- y los secuestran, se los llevan a Turquía, en donde sufren los peores vejámenes y torturas. Los raptos sucedieron en Kósovo, Malasia, Myanmar, Moldavia, Tayikistán, Kirguistán Turkmenistán, Ucrania, Gabón, entre otros estados. Su propio ministro del Interior lo reveló, sin dar detalles de qué Estados fueron. Fracasaron en Mongolia, en donde estos agentes habían dopado a un turco y en el trayecto al avión, la policía los interceptó.
De otro lado, Erdogan también apela a la extradición. Varios países han rechazado sus solicitudes para extraditar a los pacíficos turcos del Movimiento Hizmet, como el Perú -en febrero de 2023- Alemania, EE. UU., Gran Bretaña, Panamá, Brasil y Suecia, entre otros, por falta de pruebas y en especial, porque en Turquía se violan los derechos humanos, no hay garantía de un juicio justo y existen acusaciones de tortura.
Por ello, exhortamos nuevamente al Gobierno peruano a que rechace el pedido de Turquía de firmar un convenio de extradición, por los antecedentes turcos de violación a los derechos humanos, irrespeto a las libertades, uso de la tortura y falta de independencia judicial. De firmarlo, se está condenando a muerte a pacíficos ciudadanos.
La carta de los legisladores norteamericanos es muy importante, no solo por la cantidad de los que firman -y que superan en número similares misivas en otros temas internacionales como Gaza, genocidio armenio, cierre de fronteras con México, venta de F-16 a Turquía, India, etc., sino por revelar las atrocidades turcas en su territorio y fuera de él.
A continuación, la carta de los congresistas norteamericanos al presidente Biden:
Estimado presidente Biden:
Nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la preocupante situación de los derechos humanos en Turquía, en particular la campaña de represión transnacional orquestada por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan contra sus críticos en el extranjero. Además, destacamos los alarmantes casos de abusos a las instancias de Interpol cometidos por Turquía, incluido el traslado forzoso de más de 100 ciudadanos desde el golpe de Estado de 2016, con denuncias de tortura, denegación de derechos legales y coaccionadas.
El gobierno de Erdogan ha intentado silenciar a los críticos en Estados Unidos, como Enes Kanter Freedom, jugador de la NBA y defensor de los derechos humanos, persiguiendo a su familia en Turquía y colocando una notificación roja de Interpol y una recompensa sobre él y sobre muchos otros.
Esto subraya aún más la necesidad de una intervención urgente para hacer frente al incumplimiento del derecho internacional por parte de Turquía y a sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Antes de la adopción de la amplia legislación antiterrorista en 2018, y continuando desde su promulgación, el gobierno turco ha violado los derechos humanos y comprometido el Estado de derecho. Desde la intentona golpista de 2016, decenas de miles de funcionarios, trabajadores de la administración, policías, militares, jueces, fiscales y ciudadanos han sido despedidos, suspendidos, detenidos o encarcelados por motivos relacionados con el terrorismo.
La represión del gobierno se extiende a medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y figuras de la oposición, restringiendo gravemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión pacífica. En las dos últimas décadas, el gobierno turco ha acaparado más del 90 % del panorama mediático, lo que incluye el control directo de los medios de comunicación públicos del país y el control indirecto de gran parte de los principales medios de comunicación a través de oligarcas afines al partido. El control de los principales medios de comunicación se ha visto respaldado por una represión masiva de los medios independientes.
Los simpatizantes de Gülen y los periodistas kurdos son el blanco desproporcionado de esta represión, con largas detenciones preventivas y frecuentes redadas policiales en las oficinas de los periódicos que obstruyen la importante labor de los periodistas. La llamada ley de desinformación se ha utilizado para asfixiar la libertad de prensa, e incluye el asesinato de al menos 20 periodistas.
La represión transnacional turca ha alcanzado niveles alarmantes, con informes de más de 100 ciudadanos turcos trasladados a la fuerza a Turquía desde el golpe de 2016. Las personas asociadas con el movimiento de Gulen, una organización religiosa de la sociedad civil basada en la fe que promueve el diálogo interreligioso y la educación, han estado entre las personas maltratadas.
Informes nacionales de 2022 del Departamento de Estado sobre las prácticas de derechos humanos en Turquía, destacan la coordinación del Gobierno con otros Estados autoritarios en el traslado forzoso de personas y participan en secuestros y entregas. Las víctimas se enfrentan a torturas y a la denegación de asistencia legal derechos humanos y confesiones forzadas antes de ser deportados a Turquía. Los medios de comunicación dirigidos por el gobierno promueven y glorifican públicamente estos actos.
Selahattin Gulen, por ejemplo, profesor, fue secuestrado en Kenia; Koray Vural, empresario, en Tayikistán. Orhan Inandi, presidente de una exitosa red de escuelas, fue secuestrado en Kirguistán y sufrió torturas en prisión, mientras los medios de comunicación turcos mostraban su brazo roto.
La Asociación de Derechos Humanos (İHD), que monitorea la victimización más grave de los presos, informa de que 1.605 pacientes, 604 de ellos gravemente enfermos, luchan por su vida en cárceles de toda Turquía. El Centro por las Libertades de Estocolmo y el Museo de la Purga informaron de que al menos 81 presos murieron en Turquía en 2022.
La presión de Turquía sobre otros países para que cierren exitosas academias de matemáticas y ciencias de éxito afiliadas al movimiento de Gulen es profundamente preocupante. La carta del relator especial de la ONU en 2020 condenaba la práctica sistemática del secuestro extraterritorial patrocinado por el Estado y la devolución forzosa de ciudadanos turcos desde múltiples países.
Las víctimas sufren torturas, presiones y humillaciones antes de ser deportadas, y el gobierno turco no niega ni oculta estas acciones.
En 2023, Freedom House registró 125 incidentes de represión transnacional cometidos por 25 gobiernos. Su base de datos incluye ahora 1.034 casos directos y físicos de represión transnacional en 100 países, llevados a cabo por 44 gobiernos desde 2014, incluida Turquía tanto como país de origen como de acogida. Periodistas residentes en Estados Unidos se han enfrentado al cierre de cuentas bancarias y a diversas repercusiones debido a acusaciones infundadas de terrorismo por parte del gobierno turco. Las recientes decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Selahattin Demirtas, Osman Kavala y Yuksel Yalcinkaya subrayan la urgencia de abordar el incumplimiento del derecho internacional por parte de Turquía.
El TEDH dictaminó que la prolongada detención de Selahattin Demirtas, político kurdo, y Osman Kavala, filántropo, tenía motivaciones políticas y carecía de sospecha razonable. El TEDH también dictaminó que Turquía había violado el derecho a la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo en el caso del profesor Yalcinkaya. Estas decisiones ponen de manifiesto el carácter sistemático de las violaciones de derechos humanos en Turquía y su desprecio por las normas jurídicas internacionales.
Le instamos, presidente Biden, a que dé prioridad a los derechos humanos y presione al gobierno turco para que ponga fin a su campaña de represión transnacional, libere incondicionalmente a los presos políticos y restablezca el Estado de derecho.
Su intervención es crucial para defender los valores de la democracia y los derechos humanos en la escena mundial. Gracias por su atención a este asunto urgente.
Atentamente,
(Firmas de los congresistas USA)
*Premio mundial de periodismo Visón Honesta 2023
