La bancada de Renovación Popular, liderada por Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a fin de «salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano», en cumplimiento del artículo 43° de la Constitución Política.
De esta manera, se pretende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tenga competencia sobre las acciones del Estado peruano en torno a las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos.
«Para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte (IDH), es necesaria la denuncia total de la CADH», se precisa en la propuesta. De igual forma, se explica que el artículo 78° de la CADH dice que los Estados parte podrán denunciar la Convención mediante un previo aviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien debe informar a las otras partes.
«Ni la CADH ni el derecho internacional contemplan una norma específica al respecto. Corresponde por consiguiente a cada Estado decidir en su Constitución el órgano o los órganos que tienen competencia para denunciar el tratado», detalla el texto.
Además, se precisa que el tercer y último párrafo del artículo 57° de la Constitución peruana señala que la denuncia de los tratados «es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso».
«Si bien es verdad que la denuncia del tratado es una competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República, ello no es un obstáculo para que el Congreso de la República, mediante ley aprobada por el pleno, dicte una ley expresa con mandato obligatorio para el Presidente de denunciar la CADH. Frente a una ley con este contenido, el jefe de Estado podría promulgar la ley y proceder a acatarla denunciando la Convención u observarla, dejando al Parlamento en la libertad discrecional de insistir con la aprobación de la ley».
De ser aprobado el texto presentado, la presidenta Dina Boluarte deberá entregar, en un plazo de 30 días calendarios, la denuncia contra la CADH ante el Congreso de La República. En el caso de que la jefa de Estado desestime la denuncia, deberá remitir al Congreso de la República un informe sobre «las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
