Una investigación difundida por el programa Cuarto Poder reveló que la congresista Ariana Orué, de la bancada Podemos Perú, habría utilizado a un funcionario de su despacho para labores personales y contratado como asesor en el Congreso a un hombre vinculado sentimentalmente con su hermana, lo que abre interrogantes sobre conflictos de interés y el uso de recursos públicos.
Según el reportaje, el coordinador parlamentario del despacho de Orué, Álex Paredes Martel, con remuneración mensual de aproximadamente S/ 3 100, fue captado trasladando a la congresista a un gimnasio en un vehículo con pase oficial del Congreso. Durante la sesión de entrenamiento de Orué, Paredes la esperó sin cumplir funciones propias de su cargo, para luego llevarla a su domicilio y finalmente al Parlamento. Inicialmente la congresista negó el uso de sus asesores para ese fin afirmando que “voy al gimnasio por mis propios medios”, pero después reconoció que su coordinador la había “transportado un par de veces fuera del horario laboral”.
Por otro lado, el informe periodístico señala que Orué contrató como “Asesor II” a Renzo Nicolás Basurco, con un salario mensual de S/ 10 000, quien —según documentos policiales citados— sería pareja de la hermana de la congresista, Shirley Orué, y con historial de intervenciones por alcoholemia. Al ser consultada sobre esta relación, la congresista respondió evasivamente: “No lo sé”. Expertos consultados advirtieron que este tipo de contrataciones podrían configurar un conflicto de interés, al vincular recursos del Estado con relaciones personales.
Desde su asunción en julio de 2024 como accesitaria del fallecido Enrique Wong, Orué ha enfrentado cuestionamientos sobre su desempeño parlamentario y el uso de recursos. Ahora, con esta nueva investigación, el escrutinio público se intensifica frente a la transparencia de su gestión.
Orué negó que los recursos utilizados sean del Congreso y que haya mal uso de los mismos, afirmando que el vehículo “no es del Congreso”, que “no me asignan combustible” y que la movilización se realizó “fuera del horario laboral”. Aseguró que continuará con su labor de fiscalización en el Callao y pidió respeto a su vida privada.
¿Qué viene ahora?
El caso podría generar investigaciones formales para determinar si hubo vulneración de los principios de transparencia y probidad previstos en la Ley del Servicio Civil. Los órganos de control podrían evaluar si correspondió el cargo, el salario y las condiciones de la contratación del asesor vinculado a la hermana de la legisladora.
Mientras tanto, la credibilidad parlamentaria se enfrenta una vez más a la vigilancia ciudadana, en un momento donde la opinión pública exige mayor rigor y ética en el ejercicio del cargo.
