La Corte Suprema de Justicia resolvió en última instancia la demanda laboral presentada por la vacada expresidenta Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), confirmando que la institución deberá pagarle S/213.174,63 por concepto de beneficios sociales. El fallo cierra un proceso iniciado en 2020 y modifica los montos reconocidos en instancias previas.
Boluarte, quien trabajó en el Reniec desde 2007 hasta asumir la vicepresidencia de la República, había demandado a la entidad alegando que su vínculo contractual —formalmente bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)— se había desnaturalizado, convirtiéndose en un contrato a plazo indeterminado. Por ello exigía el reconocimiento de beneficios laborales, sindicales y compensaciones acumuladas por más de S/428 mil.
En primera instancia, el Poder Judicial le dio la razón parcialmente y fijó una compensación de S/286 mil, que luego fue reducida por la Primera Sala Laboral Permanente de Lima a S/239.674,63. El monto incluía pagos por CTS, gratificaciones, vacaciones, escolaridad y beneficios colectivos de laudos sindicales de 2011 y 2012.
Ante ello, el Reniec interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, solicitando que se excluyeran los periodos en los que Boluarte ejerció cargos de confianza —de octubre de 2010 a noviembre de 2011 y desde enero de 2015—, argumentando que en esas etapas no le correspondían beneficios sindicales.
En su resolución final, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema dio la razón al Reniec, al determinar que Boluarte cumplió funciones propias de un cargo de confianza mientras se desempeñó como jefa de oficina registral. Los magistrados sostuvieron que no era necesaria una designación formal para establecer tal condición, sino que bastaba analizar las funciones que implicaban la representación institucional y la elaboración de informes para la jefatura regional.
De acuerdo con el fallo, el cargo desempeñado por Boluarte “denota características propias de confianza y dirección”, lo que excluye el derecho a beneficios colectivos sindicales durante esos periodos. En consecuencia, el monto total a recibir por la exmandataria se reduce en aproximadamente S/26.500, quedando en S/213.174,63, cifra que el Reniec deberá abonar.
Con esta decisión, la Corte Suprema pone fin al proceso laboral iniciado por Boluarte, mientras la exmandataria continúa afrontando diversas investigaciones fiscales y procesos judiciales tras su destitución del cargo en 2024.
