Promesa de Campaña. Luego que el alcalde Rafael López Aliaga acordara su promesa de culminar contrato con la concesionaria Rutas de Lima integrada por Odebrecht, esta fue aprobada el día de ayer jueves 19 por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima.
De acuerdo con el jefe de la GPIP, David Dall’orto, la “afectación al interés público” se da en las altas tarifas de los peajes (S/6.50) que afectan a las familias, por ejemplo, que pasan por el peaje de Chillón y que deben gastar entre 9% y 15% de su ingreso mensual.
Ante ello, los peajes se declararon como “afectación al interés público”, conforme está facultado en la cláusula 17.7 del contrato firmado en el 2013, en el marco del proyecto Vías Nuevas de Lima.
En ese sentido, la Municipalidad de Lima informó que mantendrá el acceso a estas carreteras “con mejores niveles de calidad” y aseguró que las medidas son “en defensa de los derechos de los vecinos”.
Además, Dall’orto sostuvo que las deficiencias contractuales que limitan la construcción de vías complementarias a los peajes implican compensar a Rutas de Lima. En ese sentido, el servicio deficiente presenta 14.758 observaciones durante 2020 y 2022, cuyas penalidades no suman ni 5 millones de soles, sin poder resolver el contrato.
Finalmente, el jefe de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada argumentó que la “afectación al interés público” se concreta a través de las modificaciones económicas que se realizaron en el contrato, la adenda y las 31 actas privadas sin contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría.
