La protesta fue motivada por el incumplimiento de cerca de un centenar de compromisos asumidos por la empresa en los últimos 25 años, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y en la paralización parcial de las operaciones mineras.
Los manifestantes, provenientes de comunidades como Ayash Pichiu, Llata, Puca Puca, Santa Cruz de Pichiu y Cashapatac, denunciaron el incumplimiento de obras en salud, educación, empleo comunal, riego tecnificado y mantenimiento vial. También expresaron su preocupación por los impactos ambientales de la actividad minera, especialmente por la presunta contaminación de fuentes de agua destinadas al consumo humano y la agricultura.
“Nos han prometido agua potable y seguimos tomando agua contaminada. No podemos seguir esperando”, reclamó un comunero de Puca Puca durante la jornada de protesta.
La tensión aumentó cuando los comuneros bloquearon los accesos al campamento y exigieron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con representantes del Poder Ejecutivo. Según testigos, efectivos de la PNP utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que provocó enfrentamientos que habrían dejado varios heridos. Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado el número exacto de personas afectadas.
En respuesta, la empresa pidió a su personal permanecer en sus habitaciones, cerró temporalmente servicios internos como el comedor y emitió un comunicado interno recomendando evitar la exposición en ventanas. Las operaciones fueron suspendidas parcialmente como medida de seguridad.
Horas después, se logró la firma de un acta de entendimiento entre los comuneros y representantes de Antamina, lo que permitió una retirada pacífica. Sin embargo, no se han difundido los términos del acuerdo y los dirigentes comunales advirtieron que, de no concretarse una solución efectiva en los próximos días, las movilizaciones podrían trasladarse hasta Lima.
Este nuevo episodio evidencia la persistente brecha entre las promesas de desarrollo y la realidad que enfrentan las comunidades del entorno minero, y resalta la urgencia de establecer mecanismos efectivos de fiscalización estatal y un diálogo sostenido entre el Estado, las empresas y la población local.
