La Comisión Permanente del Parlamento se enfrenta a una decisión trascendental este jueves 4 de julio: la votación del polémico dictamen que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores a 2002. Esta iniciativa, respaldada por 60 votos en su primera aprobación, ha sido objeto de fuertes críticas tanto dentro como fuera del país, especialmente por parte del Ministerio Público y organismos internacionales de derechos humanos.
El proyecto, promovido por el congresista Fernando Rospigliosi y José Cueto, enfrentó un retraso en su segunda votación debido al término de la legislatura anterior. Ahora, su futuro depende de la Comisión Permanente, que decidirá si ratificar o no esta medida que afectaría profundamente la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de décadas de violencia política, particularmente entre 1980 y 2000.
El Ministerio Público y diversos organismos internacionales han expresado su preocupación, argumentando que la aprobación de esta ley atentaría contra los derechos de las víctimas y el deber de justicia. Según los Fiscales Especializados en Derechos Humanos, alrededor de 600 casos de delitos de lesa humanidad podrían quedar archivados si la ley se implementa.
En un comunicado conjunto, los Fiscales Especializados en Derechos Humanos rechazaron la iniciativa legislativa, subrayando su impacto potencial en casos emblemáticos como Madre Mía, Barrios Altos, y Lurigancho, entre otros. Estos casos aún están bajo investigación y representan un intento continuo por parte del sistema judicial peruano de alcanzar justicia para las víctimas y sus familias.
Corte IDH requiere dejar sin efecto «Ley de Amnistía»
En un desarrollo significativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida provisional solicitando al Estado peruano que detenga el avance del proyecto de ley que propone la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores a 2002. Esta disposición se da como parte de las medidas solicitadas a raíz de los casos Barrios Altos y La Cantuta, donde la Corte ha intervenido para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.
El tribunal supranacional ha instado al Perú a tomar acciones concretas para evitar la adopción o entrada en vigor de la «Ley de Amnistía». Esto incluye la observación por parte del Ejecutivo y la intervención del Poder Judicial para evitar que la ley se aplique y pueda afectar la resolución de casos pendientes de derechos humanos.
Este requerimiento subraya la importancia de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que las víctimas de graves violaciones encuentren el camino hacia la justicia y la verdad.
