La Comisión de Justicia del Parlamento, presidida por Américo Gonza, ha aprobado un dictamen que marca un importante cambio en la legislación respecto a la responsabilidad penal de los menores de edad en Perú. Esta medida, respaldada por congresistas como Alejandro Muñante, busca establecer sanciones para jóvenes de 16 y 17 años en caso de cometer delitos graves.
La propuesta, inicialmente estancada por consideraciones legales y éticas, fue revivida por Américo Gonza, quien argumentó la necesidad de sancionar severamente delitos graves cometidos por jóvenes integrados en bandas criminales. Con ocho votos a favor, incluyendo el suyo propio y los de sus colegas de Perú Libre, así como legisladores de otras bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, y APP, el dictamen avanza hacia etapas legislativas posteriores.
Américo Gonza explicó que la medida está dirigida específicamente a delitos de gravedad, defendiendo que la ausencia de consecuencias efectivas perpetúa la participación de jóvenes en actividades criminales organizadas.
Sin embargo, durante el debate surgieron voces disidentes, como la del legislador José Balcázar, quien abogó por una política más enfocada en sancionar con mayor rigor a los adultos que incitan a menores a cometer delitos graves como el sicariato. Esta postura no logró prevalecer frente al respaldo mayoritario al dictamen.
La propuesta también ha enfrentado críticas desde el ámbito judicial y de derechos humanos. Fiscales de familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público expresaron preocupación en un comunicado reciente, argumentando que normativas de este tipo podrían contravenir compromisos internacionales sobre la defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El dictamen ahora avanza al pleno del Congreso, donde se espera un debate aún más profundo sobre su alcance y las implicancias para el sistema de justicia juvenil en el país.
