La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad (13 votos) la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y con ello establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Aún falta la aprobación en el pleno del Legislativo.
En abril del 2019, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría y dejó sin efecto las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa.
De esta manera, se estaba librando de sanciones administrativas a 15.000 funcionarios públicos implicados en actos de corrupción.
También se aprobó por unanimidad (14 votos) el dictamen por el que se propone una ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultorías del Estado, esto para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en entidades públicas.
