El colectivo “Coalición Ciudadana”, conformado por distintas asociaciones civiles, presentó este lunes, 14 de noviembre, su propuesta de reforma del sistema político y adelanto de elecciones generales para poner fin a la actual crisis política que atraviesa el país.
En el transcurso del evento, llevado a cabo en el distrito de Jesús María, el vocero del colectivo, Álvaro Henzler, explicó las propuestas que apuntan a mejorar la representatividad así como a elevar el nivel de los políticos, las cuales fueron desarrolladas por las instituciones miembro.
Son más de 200 instituciones forman parte de este colectivo como la Asociación Civil Transparencia, Proética y SUTEP.
La primera reforma plantea que, para las elecciones presidenciales de 2da vuelta, participen los candidatos que obtengan las votaciones más altas hasta que la suma sea el 55% de los votos, pudiendo ser hasta 4 candidatos. También, se plantea que en la mitad del periodo gubernamental de 5 años, se vuelva a elegir y renovar el 50% del total de miembros del Congreso y sus partidos políticos. Se incluye la reelección inmediata de los congresistas por un periodo.
Asimismo, se propone incorporar al menos una circunscripción para pueblos indígenas u originarios y que no puedan postular a cargos públicos ni financiar campañas políticas quienes tengan sentencias por delitos graves, por más que hayan cumplido su condena.
Otra reforma que se propone está vinculada a la posibilidad de ejercer control político sobre el presidente de la República. Señala que se debe poder acusar y destituir a un presidente de la República por delitos muy graves como crimen organizado, corrupción o por infracción a los deberes primordiales del Estado previstos en el artículo 44 de la Constitución.
El colectivo considera que se debe cambiar la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente y reemplazarla por incapacidad mental o física permanente comprobada, más la posibilidad de suspensión o inhabilitación del presidente después de la aprobación de una investigación regular presentada por la Fiscalía de la Nación, con las garantías del debido proceso.
De esta modo, una vez alcanzadas las reformas antes descritas, se propone que, de manera excepcional, se recorte el mandato presidencial y congresal para la convocatoria a nuevas elecciones generales.
