Este 15 de octubre, al menos 15 comunidades indígenas de Loreto cierran completamente el tránsito por el río Nanay como medida de protesta ante la expansión descontrolada de la minería ilegal en la región. La decisión fue anunciada por Arquímedes Arirama, dirigente de la comunidad Diamante Azul, quien confirmó que no se permitirá el paso de embarcaciones, incluidos los rápidos que abastecen de insumos a los mineros ilegales.
“Se acordó en acta que ese día será cerrado el río y ninguna embarcación, ningún rápido va a subir porque muchas veces abastecen de combustible, de material a la minería ilegal”, explicó Arirama a Actualidad Ambiental. La protesta ha sido respaldada por las comunidades del Alto Nanay, Chambira y Pintuyacu.
La minería ilegal ha generado una crisis ambiental y social en la Amazonía loretana. Según denuncian los pobladores, esta actividad ha contaminado gravemente el río Nanay —fuente de agua para miles de familias— y ha traído consigo delitos conexos como trata de personas, tráfico de combustible y amenazas a líderes comunales. “El Nanay está contaminado, ahora sus aguas son turbias, ya no son aptas para tomar”, advirtió el dirigente.
Las comunidades exigen una respuesta urgente del Estado. Han solicitado una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para discutir acciones concretas, entre ellas, la creación de proyectos productivos sostenibles y mayor presencia de las fuerzas del orden en la zona.
El pedido también alcanza a la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. Aunque ambas instituciones mantienen presencia intermitente en la zona, Arirama denuncia que la falta de recursos impide un control efectivo. “Puede que esté la Policía, la Capitanía o la Marina, pero no hay provisiones, no tienen combustible. Por eso la Marina no llega a la parte alta donde hay como 70 dragas y 30 tracas que destruyen la zona de conservación del Alto Nanay”, afirmó. Según el dirigente, estas embarcaciones ilegales son operadas por ciudadanos colombianos y venezolanos.
El avance de esta actividad ha sido documentado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú), que durante un reciente sobrevuelo registró más de 40 dragas en operación en las cuencas del Nanay y Napo. Las imágenes revelan deforestación masiva, pérdida de cobertura vegetal y aguas visiblemente turbias. Entre 2001 y 2023, los distritos de Alto Nanay y Napo han perdido más de 15 800 hectáreas de bosque.
Frente a este escenario, las comunidades ribereñas recurren al cierre del río como una medida de resistencia y un llamado desesperado a las autoridades. Su protesta busca proteger no solo su territorio, sino su forma de vida. Mientras las dragas avanzan, ellos esperan una respuesta concreta del gobierno central: más seguridad, más presupuesto y más opciones para no tener que elegir entre sobrevivir y destruir su entorno.
