La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de sus redes sociales expresó que todos los procedimientos que puedan resultar en la destitución de personas operadoras de justicia, deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.
“La CIDH recuerda que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia, basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en procesos disciplinarios”, se lee en la publicación.
POR SEGUNDA VEZ
Esta es la segunda vez en que la CIDH se pronuncia ante un proceso en contra de la JNJ, puesto que en setiembre mostraron su “preocupación” por la investigación que la Comisión de Justicia desarrollaba sobre la mencionada institución.
MÁS ORGANIZACIONES ALZAN LA VOZ
Se tratan de el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), organismos que expresaron su “más enérgico rechazo”.
“Alertamos a la comunidad internacional que la remoción, sin permitirles ejercer su derecho de defensa, ni observar un debido proceso, constituye un ataque institucional prohibido por derecho internacional que supondría un quiebre constitucional y una grave afectación al régimen democrático”, menciona el comunicado.
Por último, aconsejaron al Congreso con el fin de “ejercer sus facultades respetando la independencia del sistema de justicia y a honrar los compromisos asumidos por el Estado Peruanos en la Carta Democrática Interamericana ante la comunidad internacional”.