En el informe del 10 de junio del 2024, la «Corte Interamericana de Derechos Humanos» se refirió al Proyecto de Ley que beneficiaría a los condenados por crímenes de guerra o de lesa humanidad, por lo que se mostraron preocupados por la rapidez en el que fue aprobado este proyecto que busca la prescripción de estos delitos antes del 1 de julio de 2002.
El ente encargado de velar por los derechos humanos indicó que la decisión infringe indudablemente el derecho internacional e incumple con las sentencias hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluso el propio Estatuto de Roma que avala el Congreso.
La intención de esta “Ley de la Impunidad” es entorpecer todo lo avanzado en temas de derechos humanos e intenta perjudicar la autonomía del Poder Judicial ya que se busca que opten por esta iniciativa para declarar nulos los procesos.
Las familias víctimas de estos delitos cometidos en la dictadura de Alberto Fujimori, se mostraron en contra de este dictamen ya que es una burla para la lucha que llevan por años al ver la falta de compromiso por parte del Estado de proteger a la ciudadanía en este tipo de eventualidades.
