Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg. N°.-4654-
Realizando un análisis concienzudo sobre el informe de los “Derechos Humanos” en el Perú durante las protestas violentas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 (Tema que omite adrede la CIDH) publicado, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA -uno de los dos brazos del sistema interamericano de DD.HH; el otro es la Corte Interamericana de DD.HH.- luego de su estadía en Perú, debo poner en alerta a todos los peruanos que se trata de un informe completamente, sesgado y alejado de la realidad y lo que es peor por su peligro, gravedad, totalmente parcializado; callaron descaradamente del policía quemado y de los militares ahogados-, en perjuicio del Estado peruano que, junto a sus autoridades gubernamentales y a sus Fuerzas Armadas, es acusado, e imputado groseramente de manera deliberada y con una desmedida carga ideologizada de cometer violación de derechos humanos
Después de leerlo, puedo afirmar en tono enérgico, que el Gobierno del Perú, que tiene el monopolio de la administración del poder del Estado, y, en consecuencia, del uso de fuerza, debería rechazarlo ipso iure y la forma de hacerlo deberá ser, a mi juicio, con una declaración política de la presidenta, Dina Boluarte, junto a su gabinete de ministros en pleno, y ante Congreso de la República que debería recibirla en sesión, anticipada y especial.
La Presidenta, Boluarte debe ser advertida e instruida con absoluta franqueza de que el informe impacta negativamente en la soberanía nacional por más que su contenido tenga el formato de recomendaciones, y que ofende con insolencia a la dignidad nacional por su atrevida redacción incriminadora, constituyéndose en plato servido para las decantadas denuncias en serie que pesarán de por vida contra los agentes del Estado -autoridades políticas y responsables materiales como pasó en el caso de Barrios Altos y la Cantuta-, dada la naturaleza imprescriptible de las denuncias por violación de derechos humanos.
En su participación e intervención en el Congreso de la República, la jefa de Estado debería, al tiempo que necesariamente empoderar a las Fuerzas Armadas, anunciar el -RETIRO- del Pacto de San José de Costa Rica, que dejó de ser útil para los intereses del país, después de una corriente de ideologización, de socialistas y remoras de caviares.
