El último domingo 29 de mayo, la Fiscalía anunció que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir al presidente Castillo en la investigación contra del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular que están siendo acusados de formar parte del grupo denominado como “Los Niños”.
Por ello, el jefe de Estado evitará por todas las formas legales responder a la Fiscalía sobre los hechos que se le atribuyen: encabezar una organización criminal que repartió obras publicas desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
El abogado del presidente de la República Pedro Castillo, Benji Espinoza, manifestó que este martes 31 de mayo presentará ante la Fiscalía de la Nación un pedido de nulidad absoluta de la investigación que se le abrió por presuntos actos de corrupción en el MTC y que no se suspendió como anteriores. Asimismo, indicó que de ser rechazada su pretensión interpondrá una tutela de derechos ante el juez supremo de investigación, es decir, insistirá con traerse abajo la pesquisa.
Según Espinoza, el mandatario no busca evitar a la justicia, sino que “quiere que se cumpla la Constitución”. En su opinión consideró que, el titular del Ministerio Público ha vulnerado con su decisión el artículo 150 del Código Procesal Penal, que en su inciso d) advierte como violación el no garantizar “el contenido esencial de los derechos y garantías previstos” en la Carta Magna. En otras palabras, el fiscal Pablo Sánchez no puede investigar al presidente de la República en funciones.
Acá se dice que la Constitución prohíbe la acusación, pero no proscribe la investigación (…) esta norma nace en la Constitución de 1960. En ese momento, un acusado era igual a demandado, querellado; la actual norma establece una inmunidad para el presidente, el mandatario no se puede distraer en pleitos o estar subordinado a los estamentos de justicia cuando tiene que dirigir el país.
Como se recuerda, la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió tres investigaciones contra Castillo (casos Petroperú, Sarratea y ascensos en las FF.AA.) que inmediatamente suspendió.
Al respecto, el penalista Fernando Silva explicó a un diario local, que ninguno de los recursos mencionados por el abogado de Castillo puede paralizar, mientras se encuentre en proceso de análisis, las pesquisas emprendidas por la Fiscalía.
“Lo único que se debe definir es si la investigación abierta al presidente viola sus derechos; a mi parecer, el fiscal de la Nación ha interpretado bien el artículo 117 de la Constitución”, agregó.
