Esta mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por Juan Carlos Checkley, llevó a cabo una audiencia para evaluar la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) de ser reconocida como parte civil en el proceso legal contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debido a su decisión de suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo.
El procurador adjunto de la PGE, Joel Córdoba, indicó que han solicitado que Ávalos deposite la cantidad de S/200,000 en caso de que sea condenada en este caso. Esta cifra es provisional y podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.
Por su parte, el abogado subrayó que han adherido a las directrices legales y, en consecuencia, refutó la alegación de la defensa de la exfiscal de que no han proporcionado una descripción suficiente del daño atribuido a la persona bajo investigación en su solicitud.
Como se recuerda, la investigación a Zoraida Ávalos se desencadenó después de que el Congreso aprobara un informe el 21 de junio. Este informe acusó a la exjefa del Ministerio Público de suspender investigaciones sobre el expresidente Pedro Castillo Terrones. Estas investigaciones, que abarcaban casos como ascensos militares, Puente Tarata y Petroperú, quedaron en espera hasta que el mandato presidencial de Castillo concluyera en julio de 2026. Ávalos justificó su decisión basándose en el artículo 117 de la Constitución. Como resultado, el Parlamento votó a favor de su inhabilitación por cinco años.
