Capturan a armero de la PNP vinculado a la banda criminal del ‘Monstruo’

El suboficial de la Policía Nacional del Perú, Georgi Araujo Alva, ha sido señalado como uno de los elementos clave dentro de la organización criminal 'Los Injertos del Norte', al estar acusado de facilitar armamento e información reservada. Su captura se produjo durante un operativo de gran envergadura contra la banda liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, convirtiéndose en uno de los detenidos más importantes.

En total, el operativo permitió la detención judicial de 27 personas, muchas de ellas involucradas en el cobro y transferencia del dinero producto de extorsiones dirigidas a comerciantes y empresas de transporte público. Entre los arrestados figura Martina Hernández de la Cruz, madre del cabecilla prófugo, a quien se le encontraron explosivos en su poder.

El operativo, dirigido por el fiscal Edwin Velásquez Velasco de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, reveló valiosa información sobre el esquema utilizado por el ‘Monstruo’ para sacar dinero del país a través de una red familiar. En los inmuebles allanados, las autoridades hallaron agendas y notas manuscritas con números de teléfono del extranjero y cuentas bancarias.

De acuerdo con el mandato emitido por el juez Roberto Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, el fiscal Velásquez presentó sólidos indiciosque vinculan a los detenidos con la organización delictiva. Incluso, se logró infiltrar a un agente encubierto dentro de la banda, quien identificó a varios miembros capturados, muchos de ellos en flagrancia.

Uno de los puntos más delicados del caso es el papel del suboficial Araujo, apodado por los investigadores como “la rata de la Policía”. El fiscal Velásquez mostró pruebas de que el agente facilitaba mensajes amenazantes a las víctimas de extorsión, incluso mencionando a sus hijos para infundir mayor temor. Las amenazas eran claras: si no pagaban, serían asesinados.

La investigación revela que Araujo colaboraba estrechamente con criminales de bajo nivel educativo y altamente violentos, liderados por el ‘Monstruo’. Su participación representa una grave traición a su institución, ya que utilizó su posición para facilitar armamento y datos sensibles de operativos a los delincuentes.

Nacido el 3 de julio de 1996 en Lima, Araujo pertenecía a la promoción Disciplina 2015 de la PNP y tenía una década de servicio. Trabajaba en la armería de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Asalto de la Séptima Región Policial Lima, siendo responsable del mantenimiento y entrega de armas de fuego como pistolas, revólveres y fusiles. Esto le permitió, según la fiscalía, proveer armamento cuando la banda lo requería, por ejemplo, para realizar asesinatos por encargo contra empresarios o conductores que se negaban a pagar extorsiones.

El fiscal sostiene que Araujo no solo entregaba armas, sino también información confidencial sobre operativos, seguimientos e investigaciones en curso, alertando a la banda del ‘Monstruo’ sobre posibles intervenciones.

Durante el operativo en su contra, el suboficial intentó deshacerse de un revólver y un celular arrojándolos por la ventana de su vivienda en Comas, además de intentar huir. Fue rápidamente reducido por sus colegas. Al ser detenido, alegó que ni el arma ni el celular le pertenecían, a pesar de que en su habitación se encontraron municiones y una fotografía en la que aparece con el equipo móvil incautado.

Tres testigos protegidos han confirmado que el ‘Monstruo’, junto con ‘Los Injertos del Norte’, operaba desde la clandestinidad dirigiendo extorsiones violentas contra transportistas, colectiveros y empresarios en zonas como Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón. Las víctimas recibían mensajes, audios y videos amenazantes exigiendo pagos. En caso de negativa, se colocaban explosivos en sus viviendas o negocios como advertencia. Si aun así no accedían, eran asesinadas.

El fiscal Velásquez explicó que la organización imponía el pago de “cupos” semanales, especialmente a colectiveros. En caso de resistencia, sus sicarios realizaban seguimientos a las víctimas y sus familias, para luego ejecutar los asesinatos, grabarlos y difundirlos en redes sociales, como muestra del poder que ejercen en el control territorial de la zona.