La iniciativa, calificada por Bukele como un “acuerdo humanitario”, fue difundida a través de su cuenta en la red social X, en un mensaje dirigido directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Usted ha dicho muchas veces que quiere a sus ciudadanos de regreso y en libertad. Yo también quiero justicia: libertad para los opositores encarcelados en su país”, expresó el mandatario salvadoreño.
Bukele afirmó que los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, están bajo investigación o enfrentan cargos por presuntos vínculos con estructuras criminales como el Tren de Aragua. Algunos de ellos han sido acusados de delitos graves como homicidio, violación o reincidencia delictiva, y fueron entregados por Estados Unidos bajo sospechas de pertenecer a organizaciones criminales transnacionales.
En su propuesta, el mandatario salvadoreño incluyó nombres de detenidos en Venezuela que considera deberían ser liberados, entre ellos el periodista Roland Carreño, la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, y Rafael Tudares, yerno del opositor en el exilio Edmundo González. También se mencionó a Corina Parisca de Machado, madre de la dirigente María Corina Machado, y a cuatro líderes políticos que llevan más de un año asilados en la embajada de Argentina en Caracas.
Además, Bukele sugirió incluir en el intercambio a cerca de 50 ciudadanos extranjeros actualmente presos en Venezuela, incluyendo nacionales de Estados Unidos, Alemania, Francia y Colombia.
La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. El fiscal general Tarek William Saab calificó la propuesta de “cínica” y exigió información detallada sobre los venezolanos recluidos en El Salvador. Entre sus requerimientos solicitó la lista completa de los detenidos, el estado judicial de cada uno, informes médicos que certifiquen su bienestar y detalles sobre su acceso a defensa legal y presentación ante jueces.
La propuesta de Bukele se da en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para este año. Algunos analistas interpretan este gesto como una jugada política del mandatario salvadoreño para reforzar su imagen internacional como firme opositor de los regímenes autoritarios en la región.
Este movimiento también ocurre en un momento de estrecha cooperación en seguridad entre Estados Unidos y El Salvador. A inicios de marzo, Washington comenzó a deportar a presuntos integrantes del Tren de Aragua y de la mara MS-13 al territorio salvadoreño. Cabe recordar que la administración de Donald Trump, en campaña para regresar a la presidencia, ha declarado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y acusa al gobierno de Maduro de facilitar sus operaciones en alianza con el Cártel de los Soles.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta formal a la propuesta salvadoreña. Mientras tanto, la región observa con atención una posible negociación que podría sentar un precedente inédito en la política latinoamericana reciente.
