«Ningún periodista debería ser espiado por hacer su trabajo, ningún medio público debería convertirse en un canal de propaganda. Es hora de actuar. Tenemos que establecer principios claros». Es el mensaje alto y claro que ha lanzado este viernes la vicepresidenta y responsable de transparencia y valores de la Comisión Europea, Vera Jourova. Para hacer realidad este objetivo, Bruselas propone una ley de libertad de medios. Se trata de una especie de red de seguridad con la que proteger el pluralismo y la independencia y que incluye medidas de salvaguarda para evitar la vigilancia de periodistas y las interferencias políticas en las decisiones editoriales.
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El reglamento requerirá a los Estados miembros que respeten la libertad editorial efectiva de quienes prestan servicios de comunicación y que mejoren la protección de las fuentes periodísticas. Los medios, por su parte, tendrán que asegurar la transparencia haciendo públicos el nombre de los propietarios de los medios y tomando medidas para que las decisiones editoriales sean independientes. La propuesta también recoge que los medios de comunicación de servicio público deberán tener una financiación «adecuada y estable» para garantizar su independencia.
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Además, el director y el consejo de administración deberán ser nombrados de forma transparente, abierta y no discriminatoria y el medio tendrá que ofrecer pluralidad de información y opiniones, de manera imparcial.
Según el reglamento, los Estados miembros tendrán que evaluar el impacto de las concentraciones del mercado de los medios de comunicación, en el pluralismo de los medios y la independencia editorial. También exige que cualquier medida legislativa, reglamentaria o administrativa adoptada por un país de la UE que pueda afectar a los medios de comunicación esté «debidamente justificada y sea proporcionada».
Publicidad institucional
En cuanto a la publicidad institucional, la nueva ley exigirá que el reparto entre los medios se realice de forma «transparente», «objetiva», «proporcionada» y «no discriminatoria». Esta medida afectará no solo a las autoridades nacionales, sino también a las regionales y locales (a todos los municipios de más de un millón de habitantes), así como a las empresas públicas.
El objetivo, explica Bruselas, es «minimizar los riesgos de que los fondos púbicos y otros recursos estatales se aprovechen para servir los intereses partidistas y promover una competencia justa en el mercado único».
Además, las autoridades públicas tendrán que publicar cada año información sobre el gasto en publicidad dedicado a los medios de comunicación. En esa información tendrán que incluir el nombre de los medios beneficiados y las cantidades gastadas (tanto el importe anual como en cada medio de comunicación).
Programas espía
La ley también prohíbe expresamente la utilización de los programas espía, como Pegasus, contra medios de comunicación, periodistas y sus familiares. Y acota las posibles excepciones por motivos de seguridad nacional, que es competencia de los Estados miembros, o en caso de investigaciones de una lista cerrada de delitos, como el terrorismo, el abuso de menores o el asesinato, aunque tendrá que estar justificada, caso por caso. Por último, incluye salvaguardas par evitar la eliminación injustificada de contenidos mediáticos productos de acuerdo a las normas profesionales y más transparencia en cuanto a los sistemas de medición de audiencias porque repercuten en los precios de la publicidad, particularmente en internet.
Las medidas responden a los problemas identificados por la Comisión Europea, particularmente en el marco del informe anual sobre el Estado de Derecho que considera que hay más de una veintena de Estados miembros con riesgo medio o alto ante posibles interferencias políticas. Entre las nuevas sugerencias, que ahora deberán ser examinadas por Consejo y Parlamento Europeo, también figura la creación de un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente que estaría formado por autoridades nacionales de medios de comunicación. Su tarea: promover la aplicación eficaz y coherente de la normativa de la UE en materia de medios de comunicación y apoyar a Bruselas en la preparación de directrices sobre cuestiones de regulación de los medios de comunicación. También podrá emitir dictámenes sobre las medidas y decisiones nacionales que afecten a los mercados de los medios de comunicación y a las concentraciones del mercado de los medios de comunicación.
De ElPeriódico.com
