Lo que comenzó como un proyecto vial de largo aliento, con ingresos asegurados y respaldo internacional, se ha convertido en una de las disputas legales más costosas de la historia reciente del Perú. La firma canadiense Brookfield Asset Management reclama US$2.700 millones al Estado peruano por la cancelación de peajes en la concesión de Rutas de Lima, tras años de conflictos legales, arbitrajes internacionales y desgaste político.
Brookfield adquirió el proyecto en 2016, pagando US$430 millones por la mayoría de la concesión, en un contexto de crecimiento económico y estabilidad contractual. Sin embargo, tras la revelación de los vínculos entre el contrato original y los sobornos de Odebrecht durante la gestión de Susana Villarán, el ambiente cambió. Las cabinas de peaje fueron desmanteladas por presión ciudadana y el entonces recién electo alcalde Rafael López Aliaga convirtió la anulación del contrato en una bandera política.
“Ratas de Lima”, fue el apelativo con el que López Aliaga rebautizó al proyecto, negándose a pagar compensaciones pese a dos laudos arbitrales ganados por Brookfield. En paralelo, S&P Global Ratings degradó cuatro veces la calificación de la concesionaria, que hoy se encuentra al borde del default financiero, mientras los tribunales internacionales reconocen la validez de los reclamos del fondo canadiense.
La controversia escaló en 2025. Brookfield activó una nueva demanda internacional amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, al considerar que el Estado no ha garantizado la ejecución de sentencias arbitrales firmes. La cifra: US$2.700 millones, casi el 1% del PBI nacional.
Las implicancias van más allá del caso particular. Analistas como Luis Miguel Castilla y Gonzalo Tamayo, ambos exministros, han advertido que el incumplimiento de laudos arbitrales puede tener un efecto disuasorio sobre la inversión extranjera en infraestructura. “La señal que se está dando es que ni ganar por la vía legal garantiza resultados”, advierte Castilla.
El gobierno, a través del ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, minimiza el impacto y sostiene que el arbitraje seguirá “su curso”. Pero los mercados no han sido indiferentes: la empresa dejó de registrar los ingresos originalmente proyectados, y el valor de su participación en el proyecto se ha deteriorado de forma crítica.
Mientras tanto, las calles de Lima sin peajes, pero también sin mantenimiento adecuado ni nuevas obras, pagan el costo invisible del litigio. Ni ciudadanos satisfechos ni empresas compensadas: solo una incertidumbre creciente.
El conflicto entre Brookfield y el Estado peruano no es solo sobre infraestructura, sino sobre la credibilidad jurídica de un país. Si un contrato con cláusulas arbitrales internacionales puede terminar ignorado, ¿quién invertirá la próxima vez? Como dijo una jueza federal de EE.UU.: “Lo único que han hecho es ganar, y ganar, y ganar… pero nadie les paga”. El verdadero peaje, hoy, lo paga la confianza en el Perú.
