El pasado jueves 14 de abril, el primer ministro británico Boris Johnson indicó que, todos los migrantes que ingresen de manera irregular a Reino Unido, serán llevados a Ruanda según una nueva política de inmigración.
“A partir de hoy, nuestra nueva Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico significará que cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, incluidos los que han llegado de forma ilegal desde el 1 de enero, podrá ser reubicada en Ruanda”, aseveró el funcionario británico, quien además agregó que este enfoque “proporcionará rutas seguras y legales para el asilo”, al tiempo que los migrantes podrán “construir una nueva vida en ese dinámico país, con el apoyo de la financiación” del Reino Unido.
El primer ministro indicó que el acuerdo con la República de Ruanda “no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a decenas de miles de personas en los próximos años”. “Ruanda es uno de los países más seguros del mundo, reconocido mundialmente por su historial de acogida e integración de inmigrantes”, agregó.
Ante dicha decisión, miles de activistas británicos y políticos criticaron el nuevo acuerdo. Por esto, Yvette Cooper, presidenta del Comité Selecto de Asuntos Internos del Reino Unido, opinó que el acuerdo es un “vergonzoso anuncio destinado a distraer de la reciente infracción de la ley por parte de Boris Johnson”.
“Se trata de una política inviable, poco ética y exorbitante que costaría al contribuyente británico miles de millones de libras durante una crisis del coste de la vida y haría más difícil […] la obtención de decisiones de asilo rápidas y justas”, sentenció la funcionaria.
Por otro lado, el Consejo de Refugiados mencionó que la decisión del gobierno da a entender que los inmigrantes son como una carga que pueden mover a cualquier lado.
