Ricardo Sánchez Serra
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia emitió una enérgica denuncia ante la comunidad internacional por el brutal ataque contra una ambulancia que transportaba policías heridos y personal médico. El vehículo fue volcado y quemado la noche del 6 de junio en el municipio de Vinto, durante un bloqueo organizado por grupos afines a Evo Morales.
El ataque dejó a cuatro efectivos policiales y personal de salud violentamente agredidos, en un hecho que el gobierno boliviano calificó como inadmisible.
Más allá de la protesta: un atentado contra la vida y la democracia
La cancillería boliviana fue clara: «Estos actos no pueden considerarse una manifestación social; son actos de vandalismo que atentan contra la vida, la salud y los derechos fundamentales».
Además del riesgo para la seguridad y la integridad física, el bloqueo viola principios esenciales de la Constitución Política del Estado, afectando el libre tránsito y el acceso a la salud. Bolivia sostiene que estas acciones buscan desestabilizar el país e impedir la realización de las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto, en un intento por acortar el mandato constitucional del presidente Luis Arce Catacora.
Un llamado a la comunidad internacional
El gobierno boliviano instó a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos a mantenerse alerta ante estas graves violaciones, que ponen en riesgo la estabilidad democrática del país.
Asimismo, llamó a la ciudadanía a defender la paz, la institucionalidad y el Estado de Derecho, respaldar el proceso electoral y rechazar cualquier intento de generar violencia y caos.
«Nada justifica la violencia ni el ataque a servicios esenciales como la salud», concluyó el comunicado oficial.
