El Poder Judicial ha dado un paso importante en el caso que involucra a la parlamentaria Magaly Ruiz, a quien se le atribuye un presunto recorte de remuneraciones a trabajadores de su despacho congresal. El juez supremo Juan Carlos Checkley ha autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la legisladora, en respuesta a un requerimiento del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Según información de un medio de comunicación, mediante una resolución emitida el 6 de mayo, el magistrado Checkley dispuso que las principales empresas operadoras de telecomunicaciones del Perú proporcionen información sobre el registro histórico de llamadas y mensajes de texto de los números celulares registrados a nombre de la parlamentaria en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
La denuncia contra Magaly Ruiz surge a raíz de los testimonios de dos trabajadores, Carlos Augusto Marina Puscán y María Greta Deza Batallano, quienes afirmaron que se les recortó parte de su remuneración a cambio de mantenerse como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que estaba bajo la responsabilidad de la congresista durante la emergencia sanitaria.
Este caso no es nuevo para la parlamentaria, ya que anteriormente fue denunciada ante la Comisión de Ética, aunque fue blindada por sus colegas. Además, en febrero pasado, una denuncia similar fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, argumentando falta de pruebas suficientes.
Por otro lado, la Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias preliminares contra la representante del partido de César Acuña, así como contra el fiscal Richard Rojas Gómez y su hermano Alex Rojas Gómez, por presunto delito de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. Este caso continúa desarrollándose y promete más revelaciones en el futuro cercano.
