El homicidio es la peor y más extrema forma de censura. Representa el choque entre la censura más radical y el derecho a la información, cuyo ejercicio se constituye en la precondición para la democracia y el Estado de Derecho. Desde otra perspectiva, el asesinato de periodistas muestra cuan rehén de redes criminales se puede encontrar una sociedad.
Cuando en 1991 fue asesinado Santiago Leguizamón en la ciudad de Pedro Juan Caballero, no solo se “inauguraba” el sicariato vinculado al accionar de grupos criminales en Paraguay, sino también el silenciamiento ultraviolento de periodistas a través de esta herramienta siniestra. Desde aquel momento a hoy, casi una veintena de periodistas fueron asesinados. El país hasta recibió una condena internacional por su negligencia e incuria criminal mostradas en la investigación del caso. Un balance de estos hechos, donde se han registrado mayoritariamente episodios con un sello claramente mafioso, permite develar algunos patrones de los que corresponde tomar nota.
Un análisis retrospectivo muestra que a partir del nuevo siglo los asesinatos de periodistas fueron repitiéndose casi año a año, prácticamente sin pausa (ver gráfico 1). Mientras en la década del 90 del siglo pasado hubo sólo 3 casos, entre 2001 y 2010 hubo 6, y entre 2011 y 2020 ya tuvimos 9 casos (casi un caso por año en dicha década). El reciente asesinato de Humberto Coronel abre el presente decenio.
Gráfico 1. Asesinato de periodistas por década – 1991-2022
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
Como se ve en la gráfico 2, los asesinatos de periodistas se iniciaron bajo el gobierno del general Andrés Rodríguez, sindicado como uno de los precursores del negocio del tráfico de drogas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Podrá ser igualmente fortuito a lo anterior, pero no deja de llamar la atención que la mayor cantidad de asesinatos de periodistas, o sea el récord, se haya dado durante el gobierno de Horacio Cartes. La relación comercial del ex presidente con conocidos narcotraficantes y sospechados de serlo, además de episodios de hallazgo de aviones con drogas en sus propiedades, siempre generaron sospechas. Durante su gobierno fueron asesinados 5 periodistas, contra 3 casos durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Luis A. González Macchi, 2 casos durante los de Fernando Lugo (que gobernó 4 años) y Federico Franco (sólo gobernó un año). En los gobiernos de Mario Abdo Benítez (aún no concluyó su periodo presidencial) y de Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy, hubo 1 caso en cada periodo.
Gráfico 2. Asesinatos de periodistas por gestión/periodo presidencial 1991-2022
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
El gráfico 3 nos ilustra acerca de la geolocalización de los asesinatos de periodistas y se ve que Pedro Juan Caballero es la ciudad donde más periodistas han sido asesinados (6 casos). En esta ciudad además una radio tuvo su antena derribada en 2015 y sufrió un ataque con granadas –sí, granadas– en 2016, sin olvidar que uno de sus periodistas había sido asesinado en 2014. Le sigue Concepción, con 4 casos (21%) y es otro lugar de frontera “narco”, también riesgoso para el periodismo.
Gráfico 3. Periodistas asesinados por localidad 1991-2022. En porcentajes.
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
La geolocalización departamental que nos muestra el gráfico 4 permite ver claramente la relación entre asesinatos de comunicadores y el negocio ilegal del narcotráfico. Si bien alguno que otro caso de estos años podría tener relación con otras causas, todos los asesinatos de periodistas desde el inicio del fenómeno ocurrieron, excepto uno, en departamentos de la frontera. Los asesinatos ocurrieron en Amambay, Concepción, Itapúa, Canindeyú, Misiones, Alto Paraná, lugares que ya fueron señalados por la CIDH como “zonas silenciadas” , lugares “extremadamente peligrosos” para el ejercicio de labores informativas. Con respecto al único caso que no sucedió en un departamento de frontera, la excepción no es tal, ya que sucedió en el departamento de San Pedro, colindante, a su vez, con los departamentos de más alta actividad narcotraficante del país como Amambay, Concepción y Canindeyú, todos limítrofes con el Brasil.
Gráfico 4. Asesinato periodistas por departamento 1991-2022. En porcentajes.
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
El gráfico 5 muestra la siguiente curiosidad. Dos de los asesinatos de periodistas paraguayos o de periodistas ejerciendo su labor en medios paraguayos (es lo que se toma habitualmente como parámetro para cuantificar el fenómeno) se dieron en territorio brasileño. Estas ciudades son Ponta Porã y Coronel Sapucaia, ciudades fronterizas situadas en el estado de Mato Grosso do Sul.
Gráfico 5. Asesinato periodistas según país de ocurrencia 1991-2022
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
Por otro lado, el gráfico 6 da cuenta de que, de las 19 víctimas, 16 son de nacionalidad paraguaya y 2 de nacionalidad brasileña (aunque las dos cuentan con ascendientes paraguayos). Se trata del periodista Leo Veras, quien tenía una madre paraguaya y el comunicador Samuel Román, de padres paraguayos. También hubo una víctima de nacionalidad chilena, Alberto Tito Palma.
Gráfico 6. Periodistas asesinados por nacionalidad 1991-2022
Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes periodísticas
En Paraguay se repiten los patrones de asesinatos de periodistas en América Latina, con víctimas que no proceden de los grandes centros urbanos, trabajan para varios medios pequeños, locales o comunitarios, y en situación de precariedad laboral. Tampoco existe un solo caso de algún comunicador que haya sido víctima mientras realizaba coberturas de riesgo. Todos fueron asesinatos deliberados, donde ellos fueron el objetivo de sus victimarios.
Cuando en 1991 fue asesinado Santiago Leguizamón en la ciudad de Pedro Juan Caballero, no solo se “inauguraba” el sicariato vinculado al accionar de grupos criminales en Paraguay, sino también el silenciamiento ultraviolento de periodistas a través de esta herramienta siniestra. Desde aquel momento a hoy, casi una veintena de periodistas fueron asesinados.
Un hecho perturbador y estremecedor es además que, en los casos de las comunicadoras asesinadas Yamila Cantero y Ángela Acosta, las mismas fueron atacadas por policías. Estos sucesos nunca fueron aclarados y la versión oficial les dio la calificación de “crímenes pasionales”. En el primer caso, el asesinato se habría producido en una comisaría y luego el autor se habría suicidado, aunque ningún otro policía presente en la dependencia policial en aquella ocasión escuchó disparo alguno. En el segundo caso, las sospechas se dirigieron hacia un uniformado, Agustín Alfonso Verón, supuesto novio de la misma, quien habría sido visto con ella antes de que apareciera con un disparo de bala en un camino vecinal a 180 km de Encarnación. Más inquietante aún es que el policía Verón fue posteriormente relacionado con el asesinato de otro periodista, Alberto Tito Palma, también ocurrido en Mayor Otaño, Itapúa. O sea, en un periodo muy corto fueron asesinados dos periodistas en la misma localidad (donde rara vez ocurren homicidios) siendo el principal sospechoso el mismo agente policial. Así, la hipótesis de un supuesto “crimen pasional”, solo pareció ser una cortina de humo para un hecho que comprometía seriamente al Estado paraguayo.
Sin agotar este análisis esencialmente cuantitativo, la mayoría de estos casos han quedado hasta el momento con diversos grados de impunidad. Algunos nunca fueron aclarados, otros fueron aclarados pero no castigados, otros fueron parciamente castigados (se condenó a los autores materiales, pero no a los intelectuales) y ninguno tuvo una investigación contundente que castigue a los autores materiales e intelectuales. Una última cuestión se vincula casualmente con el tema del castigo de estos crímenes.
A lo largo de este tiempo, dos hermanos periodistas fueron asesinados (Salvador y Pablo Medina), siendo los únicos casos resueltos de manera más o menos satisfactoria: 2 de 19, 10,5% del total, por debajo del promedio mundial de casos de asesinatos de periodistas aclarados, que en 2020 fue del 13% según Naciones Unidas. En síntesis, en Paraguay ni se protege a periodistas, ni se castiga a sus verdugos.
Por Jorge Rolón*, de revista Terere Cómplice
*Abogado, docente e investigador independiente. Exdirector del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.
