Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
Es una ignominia, humillación y afrenta, que el poder fáctico, ausente de la ley, posibilite, admite que, los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, casi una década continúen encarnando como personajes mentores de la fiscalía anticorrupción. Los peruanos nos preguntamos, ¿Qué poder fáctico están protegiendo a estos “inmaculados” fiscales? Existe pruebas suficientes de su ineptitud, desvergüenza, favoreciendo con osadía a los políticos de izquierda, concluyendo, en su perpetua y descarada exención de consecuencias, avalada por la dirección misma de la Fiscalía de la Nación, ello es una evidencia. Esto, aparte de los manifiestos delitos en que ambos han participado. Por mencionar uno: ser cómplice de un acto vil, perverso, si no criminal, pacto secreto con la corrupta empresa brasilera Odebrecht, que compromete al Perú un declive inmenso. No únicamente en decadencia económica, sino en un descrédito e infamia global. Karma que, desde entonces, con más razón viene soportando nuestra justicia por la miseria de algunos jueces y fiscales que en su mayor parte ostentan. ¿Acaso no se sienten arrepentidos por semejante escándalo los demás fiscales de la Nación que han ocupado el cargo, conociendo que sus pares —Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos— no se dan por aludidos? Todo esto es un agravio inaguantable al país. Por ende, lo menos que espera la sociedad peruana es que muy pronto Vela y Pérez sean escarmentados con rigor extremo. La dignidad de nuestro país exige penalizar —sin dudas ni murmuraciones— a quienes delincan en su nombre.
Analicemos algunos sesgos de los delitos en que han incurrido Vela Barba y Pérez Gómez:
- Archivamientos irregulares: ambos fiscales habrían archivado al menos 10 procesos penales fuera del alcance del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, beneficiando a empresas no incluidas originalmente.
- Ampliación indebida de beneficios: se les acusa de extender beneficios legales a terceros sin sustento jurídico, lo que podría constituir abuso de autoridad o prevaricato.
- Intervención en materia tributaria sin competencia: el procurador de SUNAT denunció que firmaron acuerdos sobre delitos tributarios cuando aún no tenían competencia legal para hacerlo.
- Violación del principio de especialidad: la justicia brasileña suspendió temporalmente la cooperación judicial con Perú por el uso indebido de pruebas en procesos no autorizados.
- Investigación por cohecho pasivo específico: están siendo investigados por presuntas irregularidades reveladas por Jaime Villanueva, asesor de la Fiscalía.
Suficiente teatro hemos contemplado viendo lo bien que pasa la vida esta pareja de presuntuosos fiscales —como señalé al iniciar esta crítica— amparados por poderes fácticos corruptos, tras los cuales —hay que decirlo claramente— está la izquierda corrupta llamada caviar, acostumbrada a hacer de las suyas sin respaldo popular.
Seamos sinceros: mientras nuestro sistema judicial siga tan corrupto como está hace un cuarto de siglo, el caso de esta dupla de fiscales no solo jamás será escarmentado o castigado, sino que la justicia en el Perú continuará corrompiéndose hasta acabar en un final deshonroso.
La degradación moral del estado por su sistema de justicia. —Poder Judicial y Ministerio Público— debe ser al instante eliminada y suplida por ciudadanos íntegros y competentes. En su defecto, se provocará el desorden, confusión, lío, anarquía, y desbarajuste. Es el turno del poder legislativo.
