El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria prolongó por 18 meses la prohibición de salir del territorio nacional para Aníbal Torres, imputado por supuesta participación en el delito de sublevación debido a su rol en el intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El magistrado Juan Carlos Checkley accedió a la solicitud del Ministerio Público al considerar que persiste el riesgo de escape. Además, valoró que Torres se ajustó al requerimiento, según detalló el Poder Judicial.
Precisamente el miércoles último, durante la audiencia, el fiscal suplente supremo Alcides Chinchay afirmó que el peligro de fuga del ex primer ministro continúa.
Chinchay argumentó ante el juez Checkley su petición de extender por 18 meses la orden de impedimento de salida del país contra Torres.
“Hay una situación de peligro procesal. Consideramos que las intensas manifestaciones de México [que desconoce el golpe de Estado], que incluso han creado ciertas tensiones diplomáticas, siguen manteniendo el riesgo de fuga de parte de Aníbal Torres, aunado al hecho de que él también se dirigía al local de la embajada al momento de la captura de Pedro Castillo”, esto es lo que mencionó Chinchay en audiencia
También mencionó que la cónyuge de Castillo, Lilia Paredes, sigue bajo protección en México.
Hace poco, El Comercio informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no divulga los privilegios que Lilia Paredes disfruta en ese país. Además, la legisladora mexicana Mariana Gómez del Campo indicó que recibe un “trato preferencial” e “injustificado”.
El Ministerio Público también hizo saber al juez Checkley que después del intento de golpe, Torres declaró que se ocultaría. Según el fiscal Chinchay, el ex primer ministro no llevó a cabo su declaración gracias a las decisiones de las autoridades judiciales.
“Ciertamente no ha cumplido, entendemos que por una medida impuesta por la sala para que tenga visitas periódicas, [para la] constatación de su permanencia domiciliaria”, comentó.
El exjefe de gobierno, de 81 años, reside en el distrito de San Isidro. Durante el golpe de Estado, ocupaba el cargo de jefe del gabinete de asesores en la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Elemento factual”
El fiscal resaltó que se ha pedido una condena de 15 años de prisión para Torres por supuesta rebelión. El caso está en la fase de control de la acusación, previa al juicio oral.
“Es un estándar alto de pena, y esto abona como factor objetivo para establecer que sigue existiendo peligro procesal y por lo tanto se hace meritorio este requerimiento de prolongación [del impedimento de salida]”, indicó.
El fiscal señaló que la restricción de salida del país no solo se aplica durante la fase de investigación, que ya finalizó, sino durante todo el procedimiento. Además, la fiscalía resaltó en la audiencia que Torres infringió una de las condiciones impuestas por el Poder Judicial al encontrarse con el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien es testigo en la pesquisa sobre el intento de golpe de Estado.
“Don Aníbal admitió que fue una actitud que no debió realizar. Se dio por cerrado el incidente, pero es un hecho que quisiéramos tomar en cuenta”, enfatizó el representante del Ministerio Público.
Por ese motivo, el juez Checkley sancionó a Torres en febrero pasado con un “apercibimiento”, lo que significa que recibió un llamado de atención.
Finalmente, el fiscal resaltó que el caso contra Torres no llegará a su fin pronto. “Es de prever que el juicio oral, que esperamos que sea aprobado, tenga también una duración no pequeña, por todo lo que hay que debatir al respecto”, afirmo.
