Andrés Hurtado busca cerrar su caso penal por tráfico de influencias: Corte Suprema decidirá el 22 de abril

La defensa del conductor presentó una excepción de improcedencia de acción ante la Corte Suprema, solicitando archivar el proceso penal que enfrenta por un presunto acto de corrupción vinculado a una fiscal detenida.

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, ha solicitado que se archive el proceso penal por tráfico de influencias que afronta su patrocinado. La Corte Suprema evaluará esta petición en una audiencia clave programada para el 22 de abril. El caso, que involucra el supuesto pago de un millón de dólares a una fiscal, sigue sumando denuncias y nuevas investigaciones por lavado de activos.

La defensa legal de Andrés Hurtado, popularmente conocido como “Chibolín”, presentó ante la Corte Suprema una “excepción de improcedencia de acción” con el objetivo de anular el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias.

El recurso, ingresado el pasado 25 de marzo por el abogado Elio Riera, alega que incluso si se aceptaran como ciertos los hechos imputados al conductor, estos no constituyen delito bajo el marco penal peruano. La estrategia busca evitar que el caso llegue a juicio y así obtener la libertad inmediata de Hurtado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado una audiencia virtual para el martes 22 de abril a las 3:00 p.m. a través de Google Meet. Allí se analizarán los argumentos de la defensa y se decidirá si el proceso continúa o se archiva.

La acusación del Ministerio Público, representado por el fiscal supremo Alcides Chinchay, señala a Hurtado como intermediario en un presunto pago de un millón de dólares en favor de la fiscal detenida Elizabeth Peralta. La intención habría sido influir en decisiones judiciales a su favor.

Además, según declaraciones del exabogado de Hurtado, Russell Robles, el conductor habría entregado US$ 20,000 y S/ 12,500 en un intento por sobornar al juez Checkley, aunque el mismo abogado admitió haber engañado a su cliente sin tener realmente contacto con el magistrado.

El caso se complica aún más, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de Hurtado tras detectar movimientos financieros sospechosos. Esta nueva línea investigativa podría implicarlo en un presunto delito de lavado de activos.

Actualmente, Andrés Hurtado permanece bajo prisión preventiva desde el 2 de octubre de 2024. A pesar de los intentos de su defensa por revertir esta medida, tanto una solicitud de variación como un habeas corpus han sido rechazados. El 22 de abril será decisivo para conocer el rumbo que tomará su situación judicial.