La Fiscalía de la Nación ha anunciado la ampliación de la investigación en curso contra la Presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, sumando un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Esta decisión también incluye al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien enfrenta acusaciones de cohecho activo genérico.
El delito de cohecho, conocido comúnmente como soborno, implica solicitar, aceptar u ofrecer una recompensa a cambio de un acto relacionado con la función pública. En el caso de Boluarte, se le asocia la modalidad de pasivo impropio, mientras que Oscorima enfrenta cargos por cohecho activo genérico.
Las sanciones para estos delitos varían según la participación del funcionario público y si este viola sus obligaciones. Para el cohecho pasivo, las penas van desde 4 a 6 años de prisión, mientras que para el cohecho activo pueden ser de 4 a 6 años si se violan las funciones y de 3 a 5 años si no se violan, además de inhabilitación y multas
La acusación se fundamenta en la presunta relación entre regalos, como los Rolex y joyas, recibidos por Boluarte y su posible influencia en decisiones gubernamentales. El abogado Hugo Mendoza ha señalado que la Fiscalía debe investigar la trazabilidad de estos beneficios y su posible conexión con actos de corrupción, como el direccionamiento de contratos públicos.
Este hecho se centra en determinar si los regalos recibidos influenciaron decisiones gubernamentales y si se aceleraron o priorizaron ciertos procesos en función de estos beneficios. Este nuevo giro en la investigación subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
