Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.- N°-4654-
Con la colaboración de una facción de congresistas, el parlamentario, Fernando Rospigliosi Capurro impulsaron una iniciativa legal que busca amparar a las fuerzas del orden frente a acusaciones infundadas provenientes de la denominada «mafia caviar» que manipula el aparato judicial; esto, en el contexto de ataques violentos perpetrados por grupos instigados por terroristas y sostenidos con fondos ilícitos.
Al modificar el artículo 20, la redacción actual generalmente mantiene la frase «Está exento de responsabilidad penal», seguida de los distintos numerales (legítima defensa, estado de necesidad, etc.). Es una fórmula legal consolidada en la legislación peruana.
El marco legal que busca proteger al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su deber, causan lesiones o muerte en el uso reglamentario de sus armas. La implementación de esta normativa resulta esencial debido a que, tal como se ha observado en años recientes, algunos magistrados y fiscales con afinidades subversivas persiguen con animosidad a los miembros de las fuerzas del orden que tienen la misión de salvaguardar la democracia, el estado de derecho y la seguridad interna.
Hay que subrayar, el sistema judicial inmediatamente reacciona acusando y tratando de encarcelar a los militares y policías, que derrotaron al terrorismo en las décadas 1980 y 1990 y, liberando de inmediato a los delincuentes capturados en flagrancia.
La táctica es clara: paralizar a las autoridades y generar un caos controlado para derrocar el gobierno, como lo hicieron el año 2020.
Los efectivos de las fuerzas del orden sufren las consecuencias de largos y penosos procesos legales, que a menudo truncan sus trayectorias y en ocasiones terminan en la cárceles.
Un resultado comparable han enfrentado quienes evitaron que el expresidente Castillo, destituido tras su autogolpe, fuera restituido en el cargo por la fuerza en aquel periodo en diciembre 2022 y principios de 2023.
Un sector de la Fiscalía, a través del Eficavip (un grupo que muchos consideran se dedica a investigar únicamente a las fuerzas del orden), solicitó una dura pena de 35 años de prisión para el exjefe policial y otros efectivos involucrados en la muerte de un manifestante en 2023. La fiscalía señala que 1,323 militares y policías están implicados en los eventos de dicho período.
Por consiguiente, en una disposición complementaria transitoria del proyecto de ley mencionado, se establece que están exentos de responsabilidad penal los miembros de las FFAA y PNP “denunciados, investigados, procesados o condenados (…) en el contexto de los actos de violencia registrados durante las marchas y protestas ocurridas en los años 2022 y 2023”.
Se requieren soluciones radicales.
Asimismo, Es importante notar que el proyecto de ley mencionado es altamente polémico y ha sido calificado como una «ley de impunidad» por críticos y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que contraviene las obligaciones internacionales de Perú de investigar violaciones graves de derechos humanos. Particularmente señores lectores este modesto periodista apoya incondicionalmente al congresista, y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi por fomentar, avivar esta iniciativa legal y -neutralizar- a algunos sesgados fiscales, jueces y, las ONGs, uno de ellos, los que disquen defender los Derechos Humanos. Ello es una falacia, léase IDL, quien lo dirige el tótem de los caviares, Gustavo Gorriti.
