El informe de Amnistía Internacional sobre los abusos perpetrados durante los primeros meses de Dina Boluarte como presidenta del Perú, señaló que el Ejecutivo en conjunto con las Fuerzas Armadas (FF. AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) habían acatado acciones con intención durante las marchas generadas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.
En su investigación que lleva por nombre “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, la organización que vela por los derechos humanos, documenta los sucesos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, meses en los que 49 manifestantes perdieron la vida. La investigación se centra en las ciudades de Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y en Lima.
El documento revela que «si bien cada Macro Región Policial definió su propio plan operativo comandado por el jefe regional, las similitudes encontradas sobre el uso de la fuerza letal usado de forma generalizada en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca darían cuenta de una estrategia nacional que trasciende las regiones, donde la muerte de personas se consideró como una estrategia con la que sembrar el miedo y lograr paralizar las movilizaciones”.
Con dicha información se entiende que existió un amedrentamiento por parte del Ejecutivo que habría servido para intentar detener las protestas y movilizaciones que se estaban dando en diferentes regiones como Apurímac, Ayacucho y Puno.
“Estos ataques consistieron, principalmente, en ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través de un uso generalizado de munición letal para reprimir las protestas”, afirma el informe de Amnistía. Además, agrega que “los mandos con posibilidad de tomar medidas para detener las muertes no hicieron lo necesario y toleraron que la cifra de personas fallecidas ascendiera a 48 en apenas dos meses”.
Al respecto, el organismo internacional resolvió que estas acciones, «lejos de tratarse de hechos aislados, o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente».
