El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido nuevamente objeto de un allanamiento por parte del Ministerio Público, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. Esta intervención, realizada a primeras horas de la mañana, ocurre apenas días antes de que se debata una moción de censura en su contra en el Congreso de la República.
El operativo, llevado a cabo junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), tiene como objetivo recabar pruebas sobre una denuncia que implica a Santiváñez en la supuesta recepción de 20 mil dólares a cambio de facilitar trámites en el Tribunal Constitucional, en un proceso en el que no habría tenido ninguna relación directa.
El ministro ha negado categóricamente las acusaciones, calificando las informaciones como falsas y asegurando que el monto recibido fue por honorarios profesionales previos a su nombramiento como ministro, sin vinculación con el Tribunal Constitucional. Además, ha expresado su malestar por la ejecución de la diligencia sin la presencia de su abogado designado, lo que según él, compromete la legalidad del procedimiento.
El allanamiento se suma al realizado el 3 de marzo, relacionado con una investigación por abuso de autoridad, en la que Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo están involucrados. En esa ocasión, se revelaron audios en los que se hablaba de presunto control sobre un periodista, lo que motivó la acción judicial.
Desde el ámbito político, diversos congresistas, como Jorge Montoya y Adriana Tudela, han salido en defensa del ministro, señalando que la Fiscalía estaría actuando con fines políticos, tratando de desestabilizar al gobierno. Sin embargo, no se ha mencionado el contexto de la investigación por abuso de poder o las acusaciones de soborno vinculadas al Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, Santiváñez ha continuado con su defensa, calificando el allanamiento de «show mediático» y asegurando que su gestión al frente del ministerio del Interior ha dado resultados positivos, a pesar de la falta de recursos logísticos para enfrentar la criminalidad. También ha enfatizado que la Policía Nacional ha realizado numerosas capturas de delincuentes, y ha culpado a la Fiscalía por no cumplir con su función de judicializar los casos de manera efectiva.
El Ministerio Público ha expresado preocupación por la filtración de la información del allanamiento, lo que ha desvirtuado el factor sorpresa y permitió que el ministro pudiera tomar medidas para ocultar posibles pruebas. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, destacó que la medida se llevó a cabo para cumplir con una formalidad, a pesar de la falta de sorpresa en el operativo.
